Quito 17 de nov (La Calle).- La concejala de Otavalo, Paolina Vercoutere, denunció una estructura de violencia política al interior del gobierno. La funcionaria manifestó que desde el 2019 los colectivos acusan a las autoridades de un proceso coercitivo.
«Las condiciones estructurales impiden que las mujeres asuman la actividad política. El Ecuador asegura la norma paritaria para asegurar los derechos políticos de las mujeres. Las leyes son frondosas y garantistas pero a la hora de la práctica no se concreta. La paridad está explícita en la Constitución y debe respetarse», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.
De acuerdo a los estatutos, el principio de paridad implica que mujeres y hombres compartan los espacios de decisión política en igualdad de condiciones. El objetivo es alcanzar la igualdad en ejercicio del poder, en toma de decisiones y en mecanismos de participación y representación social y política.
Una lucha constante
Vercoutere tachó al espacio político de violento por la difícil carrera política a la que acceden las mujeres, además de la falta de mecanismos para que sea incluída en espacios de voz pública.
«Las mujeres tenemos que dar la lucha y somos conscientes de ello. Desde el feminismo hemos logrado visibilizar y debemos dar batalla. Entre mujeres la lucha debe estar presente», indicó.
La política considera que el feminismo es una propuesta política y debe ser priorizada en la toma de decisiones. «Creemos que una sociedad menos violenta es principio básico que cuestione estas formas bélicas», añadió.
Las estadísticas reflejan que la participación política de mujeres tiene baja representatividad y altos niveles de violencia política en el Ecuaddor. En los tres últimos procesos electorales 4 de cada 10 candidatos a elecciones nacionales y 4,5 de cada 10 en las seccionales son mujeres; 3 de cada 10 autoridades nacionales electas son mujeres; 2,5 de cada 10 autoridades seccionales electas son mujeres.
El principio de paridad implica que mujeres y hombres compartan los espacios de decisión política en igualdad de condiciones, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política. (GG).
