Paro octubre

Quito, 29 oct (La Calle). – El comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, reconoció ante la Asamblea Nacional que usaron bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de 2019.

El policía compareció ante la Comisión de Fiscalización del parlamento. Esto, dentro del proceso de juicio político entablado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

En esta ocasión, el proceso se analiza por las acciones adoptadas durante las protestas sociales de Octubre de 2019.

Carrillo dijo que la Policía usó las bombas caducadas para repeler las protestas porque se usaron 38.500 unidades de gas lacrimógeno durante las movilizaciones. Indicó que no había más, por lo que los uniformados se vieron obligados a su uso, tomando en cuenta que no había una prohibición al respecto.

Las bombas lacrimógenas utilizadas fueron adquiridas en 2010 y caducaron a finales de 2015.

El comandante defendió la labor policial durante las manifestaciones, asegurando que el uso de la fuerza siempre fue progresivo y que «no se utilizó armamento letal».

También defendió el accionar de la Policía en los alrededores de las universidades Católica y Salesiana; estos funcionaron como centros de ayuda humanitaria para los indígenas que participaron en las manifestaciones, especialmente para mujeres y niños.

Durante los operativos policiales para controlar las protestas de octubre del año pasado, las bombas lacrimógenas ingresaron a las dos universidades.

Las causales para el juicio político contra Romo son el uso de bombas lacrimógenas caducadas; activación tardía del comité de protección a periodistas e incumplimiento de funciones durante los 11 días del paro nacional.

La Comisión de Fiscalización fijó para el próximo 31 de octubre la comparecencia de Romo para que presente las pruebas de descargo dentro del juicio.

Según el cronograma aprobado por la mesa de fiscalización, el informe en el que recomendarán el enjuiciamiento o el archivo estará listo hasta el 5 de noviembre.

Según la ley de la Función Legislativa, para destituir a un ministro se requiere mínimo 70 votos del total de 137 asambleístas que integran la Asamblea Nacional.

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