Quito, 23 ene (La Calle). – El juez Ángel Tapia de Puebloviejo, Los Ríos habría cometido el delito de prevaricato al decidir la destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando debido a una supuesta extralimitación de sus funciones. Así lo explicó el abogado Xavier Aguilar.
“El juez cae en dos tipos penales. El primero es el prevaricato no por la acción de protección sino por la decisión de destituir al prefecto, también habría una sanción por incumplimiento de acciones de la autoridad competente. Según el artículo 83 numeral 1 es responsabilidad de los ecuatorianos acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”, indicó el abogado a Radio La Calle.
En esta caso, el juez comete un grave error al tomar esta decisión. De acuerdo con el artículo 436 numeral 9 de la Constitución es atribución de la Corte Constitucional “Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”.
Falta de pago
El juez se extralimita al proceder con la decisión de sancionar con la destitución, so pretexto de un supuesto incumplimiento por parte de la prefectura. La acción de protección ordena la restitución de los derechos, la suspensión de la terminación unilateral del contrato y se ordena que la prefectura cumpla con los pagos pendientes que es responsabilidad del prefecto”.
De acuerdo con el jurista hay un incumplimiento más bien del gobierno nacional que no efectúa los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entre ellos el Gobierno Provincial de Manabí.
“El Gobierno genera un problema por no entregar los recursos para el financiamiento, desde ese momento la Prefectura empieza a fallar en los pagos, luego el contratista reclama ante juez competente y este, en un acto equivocado, decide la destitución contra Orlando”, explica Aguilar.
