Génesis Gómez, redactora
Quito 24 de mar (La Calle).- ¡Impunidad! La Corte Provincial de Orellana negó la apelación a 27.000 kichwas afectados por el derrame de 15.800 barriles de petróleo en sus territorios.
La sentencia se produjo después de cinco meses de retraso injustificado. “Pese a que la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza fueron comprobados durante el proceso de primera instancia y su sistematicidad ha sido denunciada públicamente en constantes ocasiones -la Corte se negó a escuchar a las víctimas en audiencia-, la sentencia de apelación se limita a transcribir el fallo de la primera instancia con un agravante», sostuvo la Alianza de Organizaciones por los
Derechos Humanos en un informe.
De acuerdo al organismo a esta decisión se suma un proceso de criminalización y de persecución contra los accionantes y sus abogados defensores. Los miembros de la entidad aseguran que constituye un uso indebido del derecho penal y una forma de obstaculizar y silenciar la labor que realizan los defensoras y defensores de derechos humanos.
De acuerdo al documento, las empresas OCP Ecuador y Petroecuador, los Ministerios de Ambiente y Agua y de Energía y Recursos No Renovables no demostraron que previnieron un derrame desde el 2 de febrero de 2020, tras el desplome de la cascada de San Rafael. El Estado ecuatoriano y las empresas tuvieron 65 días para tomar acciones.
«Las víctimas continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral en todas las instancias nacionales e internacionales para que los daños sufridos tras el mayor desastre ambiental de la década no queden en la impunidad», añadió.
Declaraciones de representantes indígenas
Carlos Jipa, presidente de la federación indígena Kichwa (FCUNAE) mencionó: “Las comunidades indígenas rechazamos la sentencia emitida por la corte de Orellana. Nos indigna y nos genera impotencia que la justicia ecuatoriana no reconozca el daño causado a nuestras comunidades. Nuestros ríos están contaminados y las empresas y el Estado no cumplieron con sus obligaciones. Tenemos niños enfermos con manchas en su piel para toda la vida , no hay peces, chacras contaminadas y los jueces dicen que no hay daños. Lo que no hay es justicia para los indígenas”.
“La demanda de las comunas Kichwas de Orellana ha desnudado el deficiente sistema de justicia del Ecuador que se mueve solo por cálculos y presupuestos políticos; agilizan o aceleran casos de acuerdo a conveniencias de las agendas nacionales, pero cuando se trata de impartir justicia en favor del pueblo en un caso tan evidente de vulneración de derechos como el derrame en los ríos Coca y Napo. Un año ha transcurrido sin respuestas y sin justicia a nuestros hermanos”, declaró Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la organización indígena amazónica CONFENIAE.
