Por: Victoria Soto
Quito, 23 mar (La Calle).- A casi un año del derrame de petróleo en la rivera de los ríos Napo y Coca, las empresas Petroecuador y OCP Ecuador no han remediado el origen del derrame de crudo en las comunidades indígenas y su entorno. En entrevista con Radio La Calle la abogada Vivian Idrovo, representante de la Alianza por los Derechos Humanos, explica algunos detalles del caso.
¿Cómo inició este conflicto ambiental?
El 02 de febrero de 2020 colapsó la cascada de San Rafael, lo que significó el comienzo de un proceso de erosión agresiva en el que las orillas se corroen. Todos estaban al tanto de esta situación, pero ni las autoridades, ni Petroecuador ni OCP tomaron acciones preventivas para cambiar el trazado de los tubos u otras acciones que eviten la fractura de los oleoductos. Ante la falta de interés, el 7 de abril dos oleoductos y se rompió y se derramaron 15.800 barriles de petróleo en 105 comunidades indígenas.
¿Cómo detectaron el problemas las comunidades indígenas del Coca y Napo?
Nadie informó. Ni las autoridades, ni las empresas comunicaron la existencia de este derrame a las comunidades. Ellos se enteran porque algunos integrantes salieron a pescar muy temprano y regresaron con las novedades del derrame. Los peces que era su principal sustento desaparecieron y los niños que jugaban en el río llegaron bañados en petróleo y con lesiones en la piel por el contacto.
¿Qué medidas de reparación tomaron las empresas petroleras y las autoridades?
Las operadoras dicen que cerraron las tuberías desde el colapso de la cascada, pero si lo hicieron, no llegaron a drenar los tubos. Tras la ruptura de los oleoductos, a las tres semanas, comenzaron a repartir kits de alimentos cada15 días. Estos contenían una lata de sardina, algunas libras de arroz, fideo, entre otras cosas que no suplían las necesidades alimenticias de una persona. Además, se entregaron cuatro botellones de agua a cada familia por semana. Si tomamos en cuenta que son familias con muchos miembros, el agua alcanzaba más o menos a medio litro por persona al día, si lo comparamos a que cada individuo requiere 7.5 litros de agua al día y que por motivos de pandemia la OMS adaptó esa cantidad a 15 litros por día, es una dosis inhumana.
¿Qué hizo el Estado?
Envió brigadas médicas que atendían dos horas máximo como a 60 personas al día de las 27 mil afectadas. La atención que se brindó era medición de pulso, temperatura y al final se les entregaba medicación muy básica como paracetamol. Y el Ministerio de Ambiente y Agua no dio brindó ayuda alguna, ellos se comportaron como defensores de las petroleras y no apoyaron a las comunidades.
¿Cómo procedieron las comunidades indígenas ante el problema?
Como había transgresión a los derechos al agua, alimentación, salud y a un ambiente sano del territorio de los pueblos y nacionalidades, el 19 de abril del 2020 se presentó una acción de protección y medidas cautelares ante la Corte Provincial de Orellana. Esta es una acción constitucional que se ocupa de garantizar los derechos fundamentales de las personas en casos de vulneración. Mientras la acción de protección se llevaba a cabo se pidieron medidas cautelares que se supone deben ser resueltas inmediatamente, sino pierden su naturaleza.
¿Cuál fue la respuesta de la Corte Provincial de Orellana?
Aquí viene un gran conflicto. El juez a cargo del caso avoca conocimiento recién el 5 de junio y determina que resolvería la acción y las medidas en una sola sentencia. Esto no se puede hacer porque las medidas cautelares deben ser atendidas dentro de las 48 horas después de que el juez les haya dado lectura. Sin embargo, el 1 de julio el juez pospone la audiencia por problemas de salud. Esta se realiza el 12, 13 y 19 de agosto y la respuesta se presenta el 1 de septiembre. De manera oral el juez niega la acción de protección y las medidas cautelares. Como la respuesta escrita se presenta el 12 de octubre, recién el 15 del mismo mes se pudo interponer un recurso de apelación, y este tiene respuesta hasta el 23 de noviembre, cuando se indica que la corte no tiene necesidad de escuchar más pruebas. Entonces se realiza otro pedido para que las comunidades sean escuchadas el 21 de diciembre. Desde esa fecha hasta ahora no ha existido respuesta.
Entonces, ¿qué buscaban en la Corte Constitucional en la movilización del 5 de marzo?
Las comunidades se habían acercado en junio al Consejo de la Judicatura a exigir control y vigilancia en la acción presentada en Orellana y la Corte Constitucional estaba al tanto del tema desde que se suspendió la audiencia la primera vez. Frente a esto, la Corte ordenó al Consejo de la Judicatura que investigue los hechos, identifique culpables y que ejecute correctivos para que estos hechos no se repitan. También, agregó que el proceso debe darse de forma célere y sin barreras, en un plazo de 90 días. Sin embargo, hasta la fecha no existe respuesta del Consejo de la Judicatura. Por eso las comunidades vinieron a Quito a exigirle que cumpla el pedido de la Corte, y a la Corte a pedir que se presione al Consejo para que cumpla sus actos.
¿Cómo se encuentran actualmente las comunidades afectadas?
Las comunidades siguen sin ríos limpios para tomar agua, lavar los alimentos, cocinar, asearse o mantener una pesca segura. Ellos usan estas aguas porque no tienen de otra, pero siempre con el miedo de qué pasará a futuro. En septiembre se realizó un monitoreo comunitario y se analizó el agua del río con laboratorios reconocidos del país y el resultado arrojó que el agua aún contenía metales pesados que son cancerígenos. Y las autoridades están al tanto de eso. Recientemente fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a supuestamente analizar la situación. Se acercaron y dijeron que todo estaba bien, que el agua ya era apta para consumo humano. Sin embargo, les servimos un vaso de agua y les ofrecimos “si esta tan buena el agua tomen, aquí está el agua del río tomen”. Pero ninguno quiso servirse.
¿Cuál es su pedido a las autoridades?
Lo que nosotros pedimos es una reparación integral. Según la Ley y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las dimensiones de una reparación integral son: restituir a las personas y comunidades afectadas al estado anterior de la vulneración, tener garantías de que no se repetirá esta situación, brindar medidas de satisfacción, compensaciones e indemnizaciones. Es decir, se pide la restauración de la naturaleza y eso depende del Estado y las petroleras. Para las comunidades se requiere que sean atendidos en sus necesidades básicas de agua, alimentación y salud mientras ellos puedan volver a usar el río con tranquilidad. También, la evaluación y seguimiento del estado de salud para prevenir enfermedades crónicas futuras.
