Quito, 11 jun (La Calle).- El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, advirtió que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, reprimirá la movilización nacional e indefinida del próximo lunes 13 de junio de 2022.
«Muy grave que el ministro Carrillo desde ya anuncie la represión que hará con la población civil. Le recordamos que tiene una denuncia por delitos de lesa humanidad por la masacre de octubre de 2019 y que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resisntencia social», publicó el líder indígena en su cuenta de Twitter.
El presidente Iza lanzó este anuncio después de que el ministro Carrillo tildó a la movilización nacional como una estrategia de victimización de los sectores populares.
Sobre la movilización
El lunes 13 de junio está prevista una movilización nacional e indefinida. Esto debido a que la CONAIE y una docena de organización sociales y campesinas reclaman que el régimen de Lasso no ha escuchado sus demandas desde las primeras mesas de diálogo.
El movimiento indígena, junto a otros sectores populares, sostienen 10 planteamientos urgentes que debe tratar el Gobierno Nacional.
- Reducción y más subida del precio de los combustibles. Solicitan congelar sus precios y focalizarlos a sectores que necesitan subsidios: agricultura, transporte, entre otros.
- Moratoria de mínimo un año para que más de 4 millones de familias paguen sus deudas.
- Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, entre otros, para que estos sectores productivos continúen produciendo.
- Empleo y derechos laborales. Frenar la precarización y exigir el pago de deudas al IESS.
- Moratoria a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua. Derogatoria del los decretos 95 y 151.
- Respeto a los 21 derechos. Educación intercultural bilingüe, consulta previa, justicia indígena, entre otos.
- No a la privatización de los sectores estratégicos (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otros).
- Políticas de control de precios y la especulación en productos de primera necesidad.
- Presupuesto urgente para los sectores de salud y educación.
- Políticas públicas para garantizar la seguridad y frenar la ola de violencia, delincuencia y crimen organizado.
