Quito, 8 abr (La Calle).- El asambleísta gobiernista, Fernando Villavicencio anunció que investiga tres empresas offshore del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
El legislador inició la indagación a Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. De acuerdo a una nota de 2015 de El Telégrafo, la segunda empresa fue creada en Panamá, su fundador es Nebot Saadi y administra todos sus bienes.
Las dos primeras empresas están en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Según Villavicencio, el bufete de abogados Sucre/Arias y Reyes las creó.
«Piensa mal y acertarás»
Antes que iniciara el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el asambleísta -dizque independiente- ya mostraba una posición defensiva hacia el régimen.
Es más, el parlamentario ya tenía conocimiento del informe «León de Troya», una investigación de la Fiscalía y la Policía que contiene las evidencias de supuestos ilícitos de Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del mandatario. Sin embargo, no la difundió como suele hacerlo en otros escándalos de corrupción.
Fiscalización, su trinchera
Desde la Comisión de Fiscalización, Villavicencio aseguró que el proceso de juicio político «está caído». Según él, el documento no reunió todas las pruebas acusatorias, dijo en Teleamazonas.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra Lasso. El órgano aprobó la acusación por el delito de peculado, pero rechazó las dos de concusión por no cumplir con la exigencias de la ley.
Frente a este escenario, Villavicencio quiso poner las reglas del juego cuando pasó el informe a la mesa legislativa que preside. Allí anticipó que se enfocarán únicamente en los casos de peculado en parte de FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.
Descartó indagaciones con Leonardo Cortázar, Rubén Chérres y los presuntos nexos con la mafia albanesa y el narcotráfico.
Eso no fue todo. Impuso a los interpelantes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, un plazo de 72 horas para presentar las respectivas pruebas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el plazo es de cinco días.
Ante la arbitrariedad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) llamó la atención y solicitó al presidente de la Comisión Fiscalización que cumpla a cabalidad la sustanciación del juicio político al jefe de Estado.
El CAL detalló que Villavicencio debe aplicar de manera directa y sin dilataciones la normativa que corresponde en el procedimiento de juicio político al primer mandatario.
A regañadientes
Pese a todas la trabas del oficialista, tuvo que notificar al presidente Lasso el inicio del juicio político en su contra.
En el portafolio estarán las 20 pruebas documentadas y las 36 comparecencias realizadas por los interpelantes Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Rodrigo Fajardo (ID).
Aunque el proceso sigue su curso, Villavicencio reiteró que en las pruebas presentadas no se detalla un recurso que pruebe el presunto delito de peculado por el que se le acusa a Lasso.
El legislador mencionó que después de la notificación correrán los diez días para la presentación de pruebas, diez más para evaluarlas y diez para redactar el informe motivado que enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.
¿’Vacunar’?
Durante todo el proceso de juicio político, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) han ratificado su postura por la destitución y censura de Lasso. El jefe de bancada, Esteban Torres, ha denunciado las «jugarretas mediáticas» contra el PSC.
La «emboscada» del pelagato José Hernández en Ecuavisa -a través de la entrevista con Carlos Rojas- intentó posicionar una supuesta desestabilización por parte de la Asamblea Nacional y un «hambre de poder» para que Virgilio Saquicela asuma la Presidencia de la República en caso de expulsar al actual inquilino de Carondelet.
Luego vino la autorización de la tenencia y porte de armas de Lasso. Una especie de «halago» a los socialcristianos, que se mostraron a favor de la medida, pero que no recularon ante el juicio político.
Finalmente, el anuncio de una investigación a Nebot, aunque en el tuit no lo nombra directamente, sino como «político guayaquileño».
Actualización 17:00
El exalcalde se pronunció en redes sociales. Respondió que dichas empresas no son un paraíso fiscal y que tienen jurisdicción en Estados Unidos. No obstante, según el acta fundacional de una de ellas recogida por El Telegrafo:
“Jaime José Nebot Saadi, por sus propios derechos, por la presente constituye una Fundación de Interés Privado, como una persona jurídica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 25 del 12 de junio de la República de Panamá”, señala el documento.
El último registro del domicilio de la Fundación es el edificio Sucre, Arias y Reyes, que es también el nombre del bufete de abogados. Los servicios de esta firma legal están vinculados al comercio corporativo, banca, fusiones, seguros y tributación local e internacional. Opera principalmente en Panamá y en oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Belice y Anguila, países considerados paraísos fiscales por la legislación ecuatoriana.
Finalmente, Nebot dijo que procedería «en la forma que él crea conveniente». Una pelea de «aliados ideológicos».
Le ardió…
El legislador reaccionó a la nota de Radio La Calle. Como no es novedad, insultó al medio de comunicación e interpretó la nota como una defensa a Jaime Nebot, el mismo que hizo alianza con Guillermo Lasso para llegar a la Presidencia de la República.
Preguntas de cajón: ¿Por qué no investiga también la presunta offshore del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, o la recién revelada supuesta offshore del secretario de Administración Pública, Sebastián Corral?
