Quito, 11 mayo (La Calle).- Hoy la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) presentó su informe de veeduría sobre el proceso judicial contra el activista digital ruso, Ola Bini. Denuncian irregularidades dentro del debido proceso y una presunta falta de independencia.
La observación del caso es llevada a cabo por 19 organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, INREDH y las organizaciones presentaron su informe donde se detalla todas irregularidades y violaciones al proceso judicial.
Ola Bini estuvo detenido en abril de 2019 y obtuvo un habeas corpus el mes de junio del mismo año. Sin embargo, el anterior Gobierno de Lenín Moreno persiguió nuevamente al activista de derechos digitales a través del Ministerio de Gobierno presidido por María Paula Romo en enero de 2021.
Luego de faltas en el posterior allanamiento y detención, Bini ni siquiera tuvo una causa o delito para que un juez generara tales órdenes. INREDH recalca que luego de que retiraran su habeas corpus, fue víctima de esos abusos del derecho penal. Bini fue llamado a juicio de sentencia a pesar de que su defensa cuenta con más de 50 testimonios y pericias.
Además, señalan que Fiscalía reformuló cargos con elementos de cargo y descargo antitécnicos en materia de delitos informáticos. A Bini lo acusan de acceso no consentido a servidores informáticos gubernamentales. Por ello, Rosa Bolaños, asesora legal de INREDH, manifiesta que estas pruebas fueron ‘sumamente mediatizadas’.
Allanan centro de autonomía digital dirigido por Ola Bini
Es decir, la mayoría de pruebas eran declaraciones de autoridades ministeriales del régimen de Moreno. A ello acotó que Romo usaba incluso la nacionalidad de Bini a modo de epíteto como: «hacker ruso del correísmo que intenta desestabilizar al Gobierno».
Falta de independencias en el Caso Ola Bini
Todo ello se concatena en un mensaje político de Romo para que haya existido la inmediatez que violó formalidades de detención, allanamiento y juicio de Bini, al hacerlo mediático, sostuvo. «Fue una detención y proceso arbitrario e ilegal».
Bolaños añadió que la falta de independencias alcanzó a los tribunales debido a la presión de ‘las esferas de poder’ y la presión mediática, que resulta preocupante en este proceso judicial. Ella denuncia que la figura judicial de penalizar actos ilícitos no se vio reflejado en este caso ya que el proceso disciplinario se ve motivado por lo que el procesado representa.
En otras palabras, se llevó a juicio de esta manera a una persona que presuntamente representa al movimiento político ‘enemigo’ del Gobierno de turno.
«Pánico Hacker»
Veridiana Alimonti, quien representa a Electronic Frontier Foundation, afirmó que las autoridades ecuatorianas en este caso intentan posicionar el discurso de «pánico hacker». Pues, según explica, un programador de software, un activista digital, y entre otros no necesariamente es una persona con intenciones de ‘hackear’ equipos con un motivo particular.
Ella explica que con este ‘pánico’ se logra una cortina de humo que facilitó el proceso judicial contra el activista ruso. En un principio, no dijeron exactamente qué había «atacado» Bini, ni lo dijeron luego. También añadió que la principal evidencia que maneja Fiscalía es una foto donde se evidencian instrumentos informáticos, que cualquier persona que trabaje en ese ámbito utiliza.
Supuestamente también existe una captura de pantalla del teléfono celular de Bini que se asemeja más a la de una computadora, explicó Alimonti. En la primera foto se puede ver que en la pantalla de la computadora Bini intentaba ‘acceder’ a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Pero, que ello no significó un acceso no consentido pues en primer lugar nunca lo hizo, y la pantalla donde se muestra el ingreso por medio de usuario y contraseña lo prueba, según ella.
Amedrentamiento de Fiscalía con Ola Bini y activistas de derechos digitales
La asesora Bolaños también explica que no hay claridad en cómo el Estado ecuatoriano entiende un delito informático, o con qué excusas se ha llevado a cabo el juicio contra Ola Bini. Ella denuncia que en el proceso no se ha visto los detalles técnicos acerca de derechos digitales o lo que es un delito informático. «La noticia del delito nace desde María Paula Romo» dijo.
Por ello, es la falta de tecnicidad y que no se entienden los delitos informáticos así como los derechos digitales, impide un razonamiento jurídico enmarcado en el derecho penal con verdadera objetividad y debida diligencia investigativa. En la última parte del informe se muestra la preocupación de una intención de amedrentamiento por parte de Fiscalía contra la defensa legal de Ola Bini.
Según explicó Rafaela De Alcantara, asesora de DD.HH. de la oficina de Brasil y sudamérica, existe una cultura de vigilancia hacia quienes ejercen el activismo por los derechos digitales desde los Gobiernos. La defensa de Bini cuenta con un testigo experto en ejercicio de derechos digitales. Revelan que fue vinculado al delito de fraude procesal. Y por ello se encuentra en peligro el componente técnico que complete la correcta ejecución del proceso. Pues con ello se contaría con todos los elementos técnicos acerca del supuesto delito.
Fiscalía nuevamente activa el derecho penal para amedrentar a quienes intentan demostrar la verdad procesal y que Bini sea juzgado con los elementos de objetividad e imparcialidad apegada al debido proceso. Por ello, es que existe la preocupación de un abuso y ejecución arbitraria de las competencias de la parte acusatoria contra Ola Bini.
La audiencia de sentencia está prevista hasta el 22 de mayo, donde si su fallo no es favorable, se analizará la sentencia escrita para apelarla posteriormente con una ‘misión salvadora’.
