Por: Lisbeth Moya González
Quito, 11 mar (Radio La Calle).- Este 10 de marzo, en el Complejo Judicial Norte de Quito, instaló la audiencia de juicio contra los siete activistas del Movimiento Guevarista Tierra y libertad y dos líderes indígenas. Sobre ellos pesa una acusación por supuestos delitos de crimen organizado y trata de personas, para conflictos armados.
La Fiscalía pide 26 años de cárcel argumentando el traslado de personas hacia La Segunda Marquetalia, para entrenarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) con el fin de constituir una guerrilla urbana en Ecuador o ser candidatos políticos.
El juicio comenzó con el pedido de declinación de la competencia, que exhorta a dejar en manos de la justicia indígena el procesamiento de hechos que se habrían dado en estos territorios, por los que son investigados los líderes indígenas Silverio C. y Carlos C.
“No puede alejarse a las personas de su juez natural”, alegó la defensa, a lo que la jueza Fanny Altamirano respondió que, aunque el sociólogo designado en la investigación dijo que las comunidades en cuestión son aptas para juzgar a los involucrados, la Ley determina que estas deben haber enfrentado anteriormente procesos similares. Aún tras críticas de la defensa respecto a la visión «eurocéntrica» y el «irrespeto a las plurinacionalidades de su contraparte», la jueza negó la petición e instaló el juicio.
La defensa alegó la necesidad de resolver este caso en el menor tiempo posible por el desgaste de salud de varios de los acusados, tres de ellos en prisión, aún sufriendo de bipolaridad el primero; síndrome de Marfan, que afecta la vista y corazón, el segundo; y una reciente intervención quirúrgica de urgencia por apendicitis realizada al tercero de los afectados.
También por el caso de gravedad de una de las implicadas, que se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria por poseer una enfermedad posiblemente terminal. Lamentablemente, la petición de pronta resolución del conflicto no podrá ejecutarse por la gran cantidad de testigos llamados, desde ambos lados, por lo que el juicio se extenderá por más de una sesión.
“Esto es un despropósito de Fiscalía para criminalizar las luchas sociales. Hoy en día ya hubo nulidades y se violaron algunos principios jurídicos, por ejemplo uno de los abogados de una compañera no pudo presentarse porque está con COVID-19 y prácticamente obligaron a otro abogado a asumir el caso en un claro intento de instalar la audiencia violando todo principio”, dijo Ernesto Flores Sierra, uno de los Guevaristas acusados, a Radio La Calle.
La Fiscalía fue llamada a precisar sus argumentos en varias ocasiones. Los abogados de la defensa presentaron cada uno de los casos y contextualizaron respecto a la calidad de ciudadanos a los que se estaba juzgando, pues se trata de personas activas socialmente y muy respetadas por sus comunidades. La defensa no pudo pasar por alto la criminalización del activismo político y social que encierran las acusaciones en discusión.
EL CASO
Una fuente anónima contó a Radio La Calle detalles del proceso de allanamiento, donce fueron arrestados los ahora procesados y resalta el uso de la violencia y el despliegue de un gran arsenal armado para detener a personas en sus casas, ante sus hijos menores de edad y familiares.
Supimos que, en el caso de Gabriela G., fue un arresto vergonzoso pues la obligaron a desnudarse en la estación ante varios policías y tuvo que cambiarse de toallas sanitarias delante de ellos, pues se encontraba menstruando en ese momento.
La defensa alegó que las supuestas víctimas del “tráfico de personas” confiesan ni siquiera conocer a los implicados. Solo se ha hecho público un testimonio que dio a la revista colombiana Semana, de una supuesta víctima ecuatoriana de“tráfico de personas” que logró escapar de La Segunda Marquetalia y de sus “planes de extenderse en Ecuador”.
Fuera del Consejo Judicial varios activistas mostraron su apoyo a los Guevaristas. Nadinka Flores, miembro del Consejo de Familiares y amigos de los Hijos de Mayo y hermana de uno de los acusados comentó: “Nos reunimos para apoyar a los chicos, conscientizar a la gente de lo que sucede y pedir justicia. Hoy estuvimos aquí tres grupos artísticos haciendo un performance rebelde y contestatario para apoyar este caso”.
La investigación de las autoridades inició en octubre de 2019 y tomó tres años llegar a las detenciones que se ejecutaron en la madrugada del 19 de mayo de 2022. No obstante, las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 26 de octubre del año pasado, señalan a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito. Esta acusación devino en una cacería de brujas para la organización, que parece no tener fin.
“Estamos seguros de nuestra inocencia, el Estado no tiene ningún tipo de prueba para negarla y solo espero que esto se resuelva rápido para que nuestros compañeros puedan salir de la cárcel y el resto podamos continuar con nuestras vidas”, concluyó Ernesto Flores.
