Cifras de empleo y desempleo en el Ecuador hablan de «otra realidad»

Anabel Marcillo, redactora

Quito, 23 sep (La Calle).- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mostró «otra realidad» sobre el Ecuador en sus cifras sobre empleo, desempleo y subempleo en Ecuador.

En el informe publicado por el INEC, el 95% de la población ecuatoriana mantenía empleo durante agosto de 2021, sin embargo, según Paulina Mogrovejo, experta en sociología política, solo el 31.5% de los ecuatorianos cuenta con un empleo digno. Es decir, ganan el sueldo básico, pero además están afiliados al seguro social, por ende, gozan de estabilidad y beneficios de ley.

La cifra del 95% engloba también a personas que se encuentran en el subempleo, tienen otro trabajo o están en actividades no remuneradas, inclusive en la informalidad. Involucra personas que trabajan por horas, en media jornada, emprendimientos y actividades domésticas.

Los números resultan alarmantes, pues según indicó Mogrovejo, 7 de 10 personas se encuentran en edad de trabajar y lo hacen por la crisis, aunque su actividad, por la edad, todavía ceñirse al ámbito académico.

Feminización del subempleo

En el país, el 11.7% de mujeres se dedican al trabajo de hogar y no reciben ninguna remuneración o garantías sociales. Esta cifra corresponde, además, a mujeres que se desempeñan en el trabajo rural.

Actualmente, el 51% de la población no tiene empleo, “en efecto el país pasó por circunstancias similares, especialmente en 1999, con el feriado bancario. Las cifras de desempleo en mujeres alcanzaron niveles extremos que obligaron a las afectadas a salir del país en búsqueda de empleo en países como España, Estados Unidos e Italia”, indicó Mogrovejo.

Sesgo político

Durante el gobierno de Moreno “las cifras que presentaba el INEC no respondían a la realidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eran cifras que hablaban de hasta más del 10% de desempleo” señaló Mogrovejo.

Además, las estadísticas señalan que el sector privado es el que genera más empleos, no obstante, el sector público es el que brinda más garantías de ley, pero sufre recortes constantes en la nómina. Esto develaría que las políticas de Estado precarizan aún más el empleo.

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