Quito, 9 dic (La Calle).- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la fecha y hora para la audiencia del subteniente de la Policía, Alfonso Sebastián Camacho por el presunto delito de omisión en el caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal.
La Policía indicó que el subteniente se desempeñaba como agente investigador antisecuestros hasta octubre de 2022 y en los registros de noviembre no consta su nombre. Por lo que podría ser considerado uno de los nueve oficiales destituidos por el caso Bernal.
Con este, serían tres los procesados por el caso Bernal, el exteniente Germán Cáceres (principal sospechoso del femicidio), la cadete Joselyn Sánchez (implicada) y Camacho.
Cáceres continúa prófugo de la justicia, mientras que la cadete ha cambiado su declaración en tres ocasiones y se mantiene con prisión preventiva.
El 30 de noviembre la directora de Escuela Superior de Policía, Irany Ramírez, indicó que las acciones administrativas contra Sánchez fueron anuladas por falta de pruebas y continuará siendo parte de la Policía.
Además, Sánchez se negó a cooperar en la reconstrucción de los hechos realizada por la FGE en la Escuela de Policía el pasado 4 de diciembre.
Muerte de Bernal
La abogada desapareció el 11 de septiembre luego de visitar a su esposo Germán Cáceres en las instalaciones de la Escuela. No fue hasta el 21 de septiembre que la Policía encontró el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua.
Desde entonces, la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo ha realizado una serie de plantones y movilizaciones para exigir justicia para su hija. Además, comentó que viajará a Colombia y Panamá para esclarecer el caso.
Además, acusó a la Fiscalía y al Gobierno de encubrir a los principales sospechosos de la muerte de María Belén. “La Fiscalía le dio más tiempo a la Policía para que arme su entramado. ¡Qué pasa señor Guillermo Lasso con sus ofrecimientos!, pero que se puede esperar su todo lo que dice es mentira”, expuso.
Por otro lado, el exministro del Interior, Patricio Carrillo evadió toda responsabilidad y acusó a la Policía de no tener un plan para resolver las inconsistencias del caso. (N.J.C)
