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“Hay complicidad y encubrimiento del Gobierno en el caso Bernal”, determina Comisión

Quito, 31 oct (La Calle). – La Comisión Ocasional de la Verdad, Justicia y Reparación por el femicidio de María Belén Bernal, conformada por cinco asambleístas, presentó el informe no vinculante que detalla las responsabilidades y omisiones del caso.

La legisladora Mireya Pazmiño señaló que las conclusiones del informe enmarcan la responsabilidad estatal al no ejecutar políticas públicas que detallen un control político adecuado. Explicó que la Policía Nacional no está cumpliendo con los protocolos pertinentes y las instituciones encargadas  de la seguridad tampoco. “No tenemos un control adecuado en cuanto a la práctica de la Constitución, los derechos humanos y algunos tratados internacionales vigentes en el país”, precisó.

Enfatizó la complicidad del gobierno al no brindar información extra, ni los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad esa noche. Comunicó que la comparecencia de Ordóñez y sus comentarios misóginos a las comisionadas mostraron el desinterés y poca sensibilidad ante el femicidio de María Belén dentro de la Institución.

“Pedimos los nombres de las autoridades y cadetes que estuvieron en funciones el 10 y 11 de septiembre de 2022 como una forma de garantizar la verdad. Sin embargo hasta el momento no hemos tenido acceso a tal lista”, dijo.

La secretaria de la Comisión, Daniela Jervés informó que la señora Elizabeth Otavalo seguirá “desestabilizando” hasta saber lo que realmente ocurrió con su hija. Además, advirtió que Ordóñez prefirió cuidar la institucionalidad de la Policía que cuidar a las víctimas del caso.

“Las declaraciones de Ordóñez parcializan los hechos y vulneran los derechos de las victimas afectando la obligación del Estado de investigar las violaciones del derecho de la vida”, destacó.

Solicitudes de reparación detallados en el informe

Solicitan dar de baja a todos los funcionarios y autoridades que estuvieron presentes ese día y el cese de funciones a quienes omitieron su responsabilidad en el caso. Exigen que se investigue con celeridad y pertinencia la participación del Estado y lo que no debería hacer un Estado de derecho.

También piden juicios políticos contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Ministro del Interior, Patricio Carrillo; la secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores y la renuncia inmediata del Comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. (N.J.C)

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