Quito, 08 ene (La Calle).- El Gobierno ecuatoriano creará grupos de tarea para la detección temprana de corrupción en las áreas de: petróleo, minería, telecomunicaciones, electricidad, deuda externa, obra pública, presupuesto ejecutado y narcotráfico, recoge El Universo.
Estos grupos tendrán como objetivos: la formulación de denuncias de casos puntuales ante la Fiscalía con entrega del material encontrado; y la realización de rectificaciones en la política pública para evitar los actos de corrupción.
No obstante, aunque se desconoce la fecha exacta para la creación de estos grupos, esta acción es parte de la implementación de la estrategia Anticorrupción del Gobierno, presentada el pasado 09 de diciembre de 2021, en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
Un órgano adscrito al Ejecutivo
Luis Verdesoto, consejero del Gobierno para la lucha contra la corrupción, informó que estos grupos estarán integrados por un delegado presidencial, un experto internacional en el área, un experto nacional y un abogado.
Verdesoto también señaló que para la creación de estos grupos de tarea se recurrirá al apoyo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.
Además, Naciones Unidas capacitará a 250 funcionarios de alto nivel como ministros, viceministros y sus subsecretarios sobre Anticorrupción. Temas como casos mundiales de anticorrupción, integridad pública y, a pedido de cada ministerio, se trabajarán consultas específicas y sectoriales sobre anticorrupción.
Otras acciones propuestas son la creación de una Unidad Anticorrupción adscrita a la Presidencia y una Comisión Nacional Anticorrupción.
Esta última coordinará la implementación de estrategias, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto y plantear acciones anticorrupción. Y sus componentes serán: prevención y riesgos, investigación y detección, sanción y recuperación.
Consulta a 500 organizaciones
Para la política pública Anticorrupción se llevará a cabo una consulta, entre enero y marzo, a 500 organizaciones de la sociedad civil. En específico, a los grupos poblacionales: medios de comunicación, Academia, sociedad civil, gremios productivos, trabajadores, empresarios y, posiblemente, se ampliará a partidos políticos. Y también se consultará a 140 del sector público.
Para este proceso se contará con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el sistema de Naciones Unidas. Inició este mes y terminará en abril de este año.
