Quito, 12 may (La Calle).- El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, comentó que el régimen exigirá que la Corte Constitucional (CC) realice un seguimiento posterior al dictamen que otorgó a favor del juico político, con esto varios asambleístas podrían ser destituidos.
El gabinete saca otro «recurso» a pocos días de que el futuro del jefe de Estado se determine. Según Ortiz, varios asambleísta se habrían tomado atribuciones que la Corte no estipuló.
Mencionó que a partir del seguimiento que elabore la entidad de control lo más probable es que los 88 legisladores que votaron a favor del juicio político salgan de la Asamblea.
El servidor indicó que la CC deberá pedir a cada asambleísta sus motivaciones y justificaciones ante la votación del pasado martes 9 de mayo.
«Este es el momento para que hagan un seguimiento y con eso ya pueden haber varios destituidos», refirió.
«Dejen romper la ley…»
Sin embargo, el constitucionalista Ramiro Aguilar y el analista político Augusto Tandazo indicaron que esta opción no cabe en los posibles escenarios para Lasso.
Tandazo detalló que el artículo 153 de Ley de Garantías Jurisdireccionales y Control Constitucional que detalla la CC no tiene competencia de pronunciarse ni el caso de juico político ni en el voto de destitución.
«Dejen de sorprenderle al país con comentarios absolutamente apartados de la norma jurídica. Esto no tiene sentido, no tiene el menor asidero jurídico», afirmó para Ecuador en Directo.
Las servidores del Gobierno indicaron que en caso de que el Legislativo complete los votos para la censura y destitución del mandatario sería un «absurdo«. Para evitar que esto se efectúe, Ortiz comentó que solicitará los correctivos lo antes posible.
¿Por qué a los 88 asambleístas?
El pasado 9 de mayo, el Pleno de la Asamblea aprobó la continuación del juico político contra Lasso con 88 votos a favor.
La moción fue presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz quien recalcó que la naturaleza de este juicio es netamente político. Para que su propuesta sea aprobada necesitaba el respaldo de 70 votos.
La parlamentaria destacó la ilegalidad del documento emitido por la Procuraduría General del Estado a la Comisión de Fiscalización, pues la entidad argumentaba que en el Pleno del Legislativo no podía presentarse un informe de minoría. (N.J.C)
