Génesis Gómez, redactora
Quito 17 de dic (La Calle).- Un total de 150 transportes de alimentos están retenidos en los patios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Las familias afectadas siguen pagando por la retención desde hace meses.
El martes último, el asambleísta Javier Cadena exhortó al Pleno de la Asamblea Nacional, que resuelva la comparecencia de dos funcionarios que debían firmar el convenio de devolución.
«El Gobierno Nacional actúa a espaldas del pueblo. Buscamos que el pleno de la Asamblea resuelva la comparecencia del ministro de relaciones exteriores Luis Gallegos Chiriboga y la magister Andrea Colomo Cordero para que viabilicen la firma del convenio de devolución del cargamento y los vehículos», advirtió el legislador.
Alrededor de 80 transportes pertenecen al territorio carchense, mientras que el resto provienen de diferentes provincias del Ecuador. Las familias afectadas, en algunos casos, accedieron a endeudarse para cancelar la retención. «Hace dos años logramos la devolución de 104 vehículos que estuvieron retenidos por dos o tres años. No queremos pasar por lo mismo», ratificó.
Voto de palabra
Los transportistas se adhirieron a un protocolo de bioseguridad durante la pandemia. Los conductores llegaron hasta el puente de Rumichaca y desde este punto, el cargamento pasó a manos colombianas. El conductor Andrés Benavides aseguró su deuda asciende a 4 000 000 de pesos, aproximadamente USD 1.180.
«Supuestamente, el cargamento de arroz que transportaba tenía todos los papeles pero no pude verificarlo por la pandemia, entonces detuvieron mi vehículo. Han pasado cinco meses y no me dan respuestas. Otros compañeros de este grupo tienen caducado el papel de habilitación», señaló.
En años anteriores
En el 2007, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y la Dirección de Impuestas y Aduanas Nacionales de Colombia firmaron un convenio para la devolución de las mercaderías. El convenio fue ratificado en 2018, pero para el 2019 no se reafirmó.
Este 26 de noviembre se presentaron cartas a la presidencia y ministerios para que se resuelva el inconveniente, pero no hay respuestas. «En esa reunión, se dispuso que las autoridades encuentren una rápida solución para los vehículos decomisados. En el derecho internacional debe existir reciprocidad. La provincia del Carchi fue abandonada por el Gobierno Nacional», añadió.
