Quito, 20 mar (La Calle).- Un oficio enviado en febrero por Jhonn Plaza Garay, funcionario de la Gerencia de Transporte de Petroecuador, al presidente Daniel Noboa, revela que las autoridades ya conocían el deterioro de la gestión en la empresa estatal y el riesgo inminente de un desastre en la infraestructura petrolera. Sin embargo, en lugar de tomar medidas correctivas, se inició un proceso de «visto bueno» contra el técnico que emitió la alerta.
En la carta enviada al primer mandatario, el funcionario en representación de los trabajadores del Comité Nacional de Seguridad, Salud y Ambiente, solicitó la remoción inmediata de la entonces gerente general subrogante de Petroecuador, Leydi Jiménez Rivera, debido a su falta de capacidad técnica y liderazgo. Plaza detalló una serie de irregularidades que ponían en riesgo la operatividad de Petroecuador y, en particular, del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), infraestructura crítica para el transporte de crudo en el país. Entre las principales advertencias destacan:
- Cambios arbitrarios en puestos estratégicos: En apenas tres meses, se designaron cuatro gerentes en la Gerencia de Transporte, lo que generó una rotación constante y falta de continuidad en la gestión. Además, desde diciembre de 2024, el Terminal de Balao, vital para la comercialización de crudo, no contaba con un superintendente designado.
- Falta de garantías de seguridad para el personal: Plaza Garay denunció que se eliminó el transporte para trabajadores en zonas de alto riesgo, obligándolos a trasladarse por sus propios medios, lo que aumentó su vulnerabilidad en un contexto de inseguridad creciente en el país.
- Riesgo de paralización del SOTE: El técnico alertó que la mala gestión administrativa podría comprometer la operatividad del oleoducto, advirtiendo que cualquier interrupción en su funcionamiento sería responsabilidad directa de la administración actual.
- Maltrato y falta de respeto al personal: Se reportó un deterioro en la cultura organizacional debido a constantes amenazas, insultos y cambios injustificados en cargos técnicos y operativos. Más de 1.700 encargos laborales no fueron ratificados, afectando la estabilidad y productividad de la empresa.
Tragedia en Esmeraldas: ¿Una consecuencia anunciada?
A casi una semana del derrame de petróleo en Esmeraldas, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Pública (SINTEP) han exigido respuestas claras al Gobierno. Además señalaron que esta tragedia podría haberse evitado si se hubieran tomado en serio las alertas de los trabajadores.
Los sindicatos también criticaron que la ministra de Energía, Inés Manzano, califique el incidente como un acto de «sabotaje», en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde como miembro del Directorio de Petroecuador.
Mientras el Gobierno se enfoca en la campaña electoral, la población de Esmeraldas enfrenta las consecuencias de la tragedia ambiental, sin acceso a agua potable, alimentos y atención médica adecuada. Los trabajadores petroleros exigen que se priorice la atención a la emergencia y se fortalezca la empresa pública para evitar futuros desastres.
