Quito, 12 feb (La Calle).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el Gobierno retiró a 37 miembros del equipo de investigación de la Policía Nacional que trabaja en la Institución. Mencionó que este grupo trabajó en posibles casos de corrupción como «Encuentro», «Pandora Papers, «Gabela», «Bernal» o «Petroecuador».
Fiscalía, a través de un comunicado, indicó que el director de Talento Humano de la Policía Nacional, Henry Tapia, dispuso el traslado temporal del personal.
«Esto significa una clara intromisión en la justicia», reza el comunicado.
Ante esta acusación, la Policía señaló que «La Institución sigue apoyando a la Fiscalía con el mismo número de policías investigadores y de seguridad (…) Solo se ha rotado el personal», señala el documento.
Sin embargo, la entidad de Justicia comentó que el grupo que pretenden imponer carece de experiencia en el ámbito penal, no ha pasado las pruebas de confianza y se incluirán desde cero a procesos que están en marcha y han presentado avances importantes.
La FGE resaltó que estas acciones limitan el «trabajo independiente que ha realizado» y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la seguridad de la máxima autoridad, la de su familia y a permanencia de las personas investigadas.
El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronuncia
El Consejo mencionó que una acción aislada podría ocasionar el detrimento en la administración de justicia en distintos ámbitos y competencias de las entidades.
«El CJ respalda la postura institucional de que la Fiscalía General del Estado tenga las garantías estatales para realizar su trabajo», señala el comunicado.
Comisión Investigación «El Gran Padrino»
Asimismo, la Comisión rechazó la disposición de retirar el equipo que trabaja con la Fiscalía e investiga el «Caso Encuentro».
«Este acto, junto a la ausencia y el silencio de funcionarios en las comparecencias de la Comisión solo demuestran la desesperación de quienes pretenden ocultar, a toda costa, la corrupción», enfatiza.
También, convocarán al ministro del Interior, Juan Zapata, secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez; y el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas para que den cuenta de esta decisión.
«De no hacerlo, serán sometidos al proceso de fiscalización y juicio político», remarca.
