Quito, 22 abr (La Calle).- Organizaciones que defienden los derechos humanos y familias de las víctimas asesinadas en las masacres de las cárceles de Ecuador demandaron al Estado por estos sucesos y exigieron justicia, verdad y reparación para los afectados.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad presentaron esta acción de protección en Guayaquil.
La demanda está firmada por 30 familias que han sido víctimas de estos escenarios. Sin embargo, la organización busca que los otros 600 núcleos respalden esta medida.
Las demandantes piden que se reconozca la vulneración de los derechos constitucionales de las víctimas y los familiares. Alegan que es injusto que hayan tantos muertos en un lugar que se supone está bajo la custodia del Estado, de acuerdo con EFE.
«Son más de 600 muertos dentro de las cárceles desde el 2019. Es la primera vez que de forma colectiva reclaman justicia ante mecanismos judiciales por los hechos en los reclusorios», detalla el comunicado de las acusantes.
Les dan un pésimo trato
Las organizaciones y colectivos de derechos humanos indicaron que los familiares de los presos reciben un trato inhumano. Desde registros íntimos, extorsiones, torturas psicológicas hasta peticiones de dinero a cambio de la seguridad de los reos.
Las entidades aseguraron que el Gobierno ha normalizado los disturbios y muertos en distintos pabellones de las prisiones, pues responsabilizan a una supuesta disputa de territorio a todos estos conflictos.
¿Qué es lo que buscan?
El director ejecutivo del CDH, Willy Navarrete, indicó que las familias vulneradas esperan disculpas públicas del Gobierno, implementación de una comisión de la verdad y atención psicológica gratuita y permanente a todos los perjudicados.
Además, solicitaron una mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria que implemente reformas en el sistema penitenciario y una indemnización económica, estipulada por jueces, por el daño al proyecto de vida. (N.J.C)
