Quito, 24 may (DW).- A las 4.15 de la madrugada de este domingo (24.05.2020) terminó la audiencia cautelar por el llamado “caso respiradores” en Bolivia, ocasión en la que se decidió dictar la prisión preventiva, por tres meses, contra el exministro de Salud interino de ese país, Marcelo Navajas, acusado por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores marca Respira a la empresa española IME Consulting.
El político cumplirá la medida en el penal de San Pedro, en La Paz. En la misma audiencia se decidió también prisión preventiva para el ex director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco, y para el “testigo clave” Luis Fernando Humérez.
Los abogados de los acusados presentaron inmediatamente una apelación ante el juez Hugo Huacani, argumentando que la fiscalía no fue capaz de acreditar la denuncia, esto es que hubo sobreprecio en la compra de los aparatos, necesarios para enfrentar los efectos de la pandemia de coronavirus que, según cifras oficiales, ha dejado casi 6.000 contagios y 240 muertos en el país.
Caros e inútiles para la crisis
La abogada del exministro Navajas, Rosario Canedo, consideró injusta y arbitraria la decisión del juez, por “falta de seguridad jurídica” en un proceso que calificó de politizado, además de advertir del riesgo en prisión para Navajas, de 62 años y que padece una enfermedad crónica del corazón.
El contrato para la compra es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades. Además, expertos han señalado que los aparatos no sirven para enfrentar la emergencia, pues no son aptos para tratamientos intensivos.
La cancillería boliviana llamó al cónsul del país en Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos cinco millones de dólares. El caso es, a la fecha, el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Áñez en el poder de forma interina.
