Quito, 26 Jun (La Calle).- Las empresas e instituciones públicas tienen dos años para adecuar sus procesos, implementar medidas de seguridad, capacitar a los empleados y conseguir el consentimiento explícito e informado para utilizar bases de datos con la información personal de los ecuatorianos.
La Ley de Protección de Datos tiene un mes de vigencia. La norma establece que cada persona tiene la titularidad de sus datos personales. Es decir, es dueña de su información y nadie puede utilizarla sin un consentimiento expreso.
Según la ley, los datos personales son aquellos que identifican a una persona, como el número de cédula o los datos biométricos. Incluye dirección, número de teléfono, estudios, lugar de trabajo, datos de salud, estado civil, entre otros.
Ahora, una simple grabación en la que el cliente diga “acepto”, no bastará. El empleado de la empresa deberá explicarle al cliente cómo, para qué y por cuánto tiempo se utilizarán sus datos.
Si una persona otorga sus datos para un sorteo, la empresa solo deberá pedir la información personal necesaria. Una vez finalizado el evento, tienen la obligación de borrar la información de los participantes. En caso de utilizarla con otros fines, como llamadas de ventas o promocionales, la firma corre el peligro de ser sancionada.
Si un usuario recibe la llamada de una empresa, tiene el derecho de saber cómo se consiguieron sus datos. Si no recibe una respuesta, puede denunciarla y esta será multada.
Aunque la norma está vigente, el Gobierno debe crear la Superintendencia de Protección de Datos para que se aplique. Para ello, el Ejecutivo debe expedir el reglamento de la institución.
La ley fue propuesta en 2019, por el expresidente Lenín Moreno, tras la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos.
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