Paulina Mogrovejo / @pauli_mogrovejo
Abogada de Derechos Humanos
“Voy a juicio político porque les molesta que una mujer haya enfrentado la crisis” expresa entre otros argumentos, la Ministra María Paula Romo, en un video del 25 de octubre de 2020 difundido en la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno.
Para legitimar su relato, Romo echa mano de algunos elementos simbólicos asociados a la igualdad de género, tales como la presencia alternada de mujeres y hombres policías que la respaldan, y la relevante referencia que realiza a la frase “la Ministro de Gobierno”.
Palabra aparece en repetidas ocasiones, en los documentos e informe que se tramitó en la Comisión de Fiscalización.
En ese sentido, es importante reflexionar alrededor del uso de los símbolos de igualdad política en los que se apoya la Ministra, ante la falta de pruebas que desvirtúen su responsabilidad en la violenta represión de octubre 2019.
Pensar sobre todo, en la forma en la que María Paula Romo se apropia de una histórica lucha de las mujeres víctimas de persecución y violencia. Lucha en la que cree poco, con la exclusiva finalidad de obtener ventaja política.
Para el efecto, partimos de reconocer que la participación numérica de mujeres en los puestos de decisión, sin duda es una conquista a defender.
Sin embargo, también hay que decir que dicha participación resulta insuficiente, si desde esos espacios –por acción y omisión- se continúan negando los derechos políticos a las mujeres que vienen detrás y al mismo tiempo, se utiliza el discurso de igualdad como armadura para aferrarse al poder.
En tales circunstancias, la representación de las mujeres sufre históricos retrocesos a pesar de los grandes números. Mientras desde el discurso oficial se reivindica la igualdad de género, al tiempo se reprime salvajemente a mujeres políticas, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos que piensan diferente.
Ha sido el caso de Yajaira Urresta, víctima de las políticas represivas de Romo. Esta periodista, en octubre 2019, perdió su ojo debido al impacto de una bomba lacrimógena de la Policía. La bomba se usó como proyectil en su contra. ¿La razón? oponerse en las calles a los acuerdos con el FMI y la expedición del Decreto 883.
También es el caso de niñas y mujeres embarazadas que en el levantamiento de octubre sufrieron lesiones producto de la brutalidad policial, tal como lo señala el propio informe de Human Rights Watch.
En tal virtud, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien se asume ante la opinión pública como víctima de discriminación por ser mujer, utiliza la lucha contra la violencia política para su propio beneficio. Sin embargo, mientras cuestiona el lenguaje machista de la Comisión de Fiscalización expresado en la frase “la Ministro de Gobierno”. Legitima discursos violentos, insultos y burlas asociadas a lo femenino.
Términos como “perra”, “fea”, “gorda”, “despeinada”, etc., lejos de asumirse por la Ministra Romo como formas de violencia simbólica, los considera como parte del debate político.
En el caso de Romo, la violencia simbólica también se expresa en el uso de las mujeres policías como adorno en el video producido por la Ministra para su defensa.
Estas mismas mujeres o sus compañeras, en octubre 2019, estuvieron en riesgo de perder su vida o integridad por el uso de gas lacrimógeno caducado. Este material se considera potencialmente peligroso y hasta letal, aunque el Gobierno ecuatoriano no lo reconozca.
La violencia contra las mujeres policías se manifiesta además, cuando sus denuncias por abuso sexual durante las protestas se investigan con menos prioridad que los casos contra los adversarios políticos del actual régimen.
Ahora bien, con respecto a la Policía, la Ministra Romo pregunta a la Asamblea ¿cómo debió actuar la Policía en cuanto al uso de la fuerza frente a manifestaciones tan violentas?
Sin embargo, el 19 de enero de 2019, en la ciudad de Ibarra, Diana Carolina R.V. fue tomada como rehén durante 90 minutos por su ex pareja en plena calle. Durante ese tiempo los policías presentes hicieron caso omiso.
Bajo la excusa de no saber cómo hacer un uso progresivo de la fuerza, la Policía permitió que el ex conviviente asesine a Diana frente a todos, asestándole dos puñaladas mortales.
Solo entonces, los gendarmes lo detuvieron. Frente a esta injustificada omisión, la única respuesta de la Ministra de Gobierno fue cambiar de Gobernadora y de Jefe provincial de Policía, sin ninguna investigación, sanción, ni reparación adicional.
Finalmente, durante estos años, María Paula Romo ha sido la más efectiva operadora del gobierno de Moreno, especialmente en la Asamblea. Bajo su dirección política se aprobaron leyes como la de Fomento Productivo y Apoyo Humanitario, cuestionadas en su constitucionalidad y por vulnerar derechos.
Sin embargo, la Ministra de Gobierno, en tanto operadora política de Moreno, es incapaz de llevar adelante una agenda política feminista o sobre derechos de las mujeres. Esto con el fin de promover acceso a la tierra, vivienda, propiedad, salud sexual y reproductiva, empleo, no discriminación, etc.
Tampoco gestionó, con igual tenacidad que para otras leyes, el financiamiento de la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El resultado fue que en el feriado de noviembre, cada día una mujer haya sido brutalmente asesinada en las ciudades de Babahoyo, Cuenca, Quito, Esmeraldas y Ambato.
En 2020, 91 mujeres han sido víctimas de femicidio en nuestro país.
A pesar de todo eso, Romo se defiende de la censura apelando a su condición de mujer. Nada más alejado de la verdad. Basta comparar su conducta con la práctica de Nela Martínez, Matilde Hidalgo Navarro, Manuela Espejo, Olympe de Gouges, Clara Campoamor.
También Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Manuela Cañizares, entre otras mujeres políticas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas por defender con su vida nuestra dignidad y derechos de humanas. Pioneras de la lucha por las mujeres que hoy nos inspiran a quienes venimos detrás.
Romo es responsable política, junto con Moreno, de imponer un Acuerdo con el FMI vulneratorio de derechos sociales, de forma inconsulta y represiva. Valiéndose del uso indebido de la fuerza para sostener su plena vigencia.
El uso de sofismas y falacias por parte del Gobierno como estrategia para desfigurar sus responsabilidades en la vulneración de derechos humanos, como dice Lincoln, puede funcionar un tiempo, pero no todo el tiempo.
