Quito, 22 sep (La Calle). – La abogada y docente universitaria, Mayra Tirira explicó para Radio La Calle las responsabilidades que evadió el Estado ecuatoriano, así como sus omisiones en el caso Bernal.
La abogada de Surkuna comentó que en lo que va de 2022 se ha registrado una muerte violenta cada 23 horas, desde que se tipificó el delito de femicidio. El Estado no solamente evadió su deber de diligencia, si no también la obligación de investigar, sancionar y reparar a los implicados en el caso de María Belén.
“Es un Estado feminicida porque el feminicidio lo produjo un agente en funciones. No podemos seguir siendo ciudadanas de segundo orden”, aseguró.
Tirira enfatizó que las acciones que el Estado tomó tuvieron el fin de encubrir a los implicados y limitar su responsabilidad. Este tipo de violencia contra las mujeres ya no se considera un tema privado porque es un crimen que comete un agente estatal en un recinto policial.
Omisiones
Según Mayra, una de las negligencias evidenciadas dentro del recinto policial fue ignorar el llamado de ayuda por parte de María B. Asimismo, el descuido en los criterios de reclutamiento y comportamiento en la Escuela. Cuestionó la irresponsabilidad de la organización al no contar con un registro de entrada y salida oficial.
“Cómo es posible que se realicen fiestas dentro de la Institución y que se mantengan relaciones entre tenientes y cadetes”, detalló.
En cuanto a las omisiones del Estado, mencionó que el mayor problema fue la reducción presupuestaria para erradicar la violencia contra la mujer. Además anunció que cerca de mil casos de femicidio se mantienen en la impunidad. “Ni siquiera tenemos presupuesto, y del poco que tenemos no se ha ejecutado ni el 5%”, afirmó.
Señaló que el movimiento feminista y la ciudadanía en general están cansadas de recibir un discurso halagador el 25 de noviembre, mientras tantas muertes se evaden, archivan y olvidan. Destacó la necesidad de canalizar la agenda de las mujeres para atender las exigencias que proponen y evitar que se repitan estos casos de violencia.
Participación de las instituciones en casos de femicidio
Finalmente, Tirira expresó que la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Igualdad de Género tienen la responsabilidad de involucrarse y vigilar a este tipo de asuntos. Los movimientos feministas han concentrado sus demandas y han sido plasmadas en normativas como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“Las mujeres denunciamos, marchamos y exigimos que el Estado cumpla sus responsabilidades, pero también es asunto de la ciudadanía generar empatía y cambiar los roles”, dijo. (N.J.C)
