Quito, 22 marzo, (La Calle).-Las reservas de agua dulce en el Ecuador tienen un problema pendiente: el debilitamiento institucional registrado en el área ambiental del país.
El Gobierno de Lenín Moreno ordenó la fusión tanto del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, entidad que finalmente se convirtió en una dependencia más.
Esa inestabilidad, fruto de la fusión, generó problemas en el manejo de los parques nacionales, el despido de más de 1500 personas y la existencia de una entidad reguladora sin posibilidades de enfrentar sus deberes.
Así lo aclara, Mario Ruales, especialista de orden ambiental, consultado por Radio La Calle, en el contexto del Día Mundial del Agua.
“El marco existente es un debilitamiento sistemático del rol del Estado en las competencias establecidas en la Constitución de 2008. Ese desmantelamiento inició cerca de 2015”.
“Lo que está en disputa son dos formas de administrar el agua, por un lado está el enfoque que profundiza el debilitamiento del Estado con Guillermo Lasso y por otro, un proyecto de fortalecimiento de la política pública que plantea Arauz”.
Diego Pazmiño, experto en el tema legal de manejo del recurso agua, asegura que por Constitución nuestros acuíferos son de índole pública y comunitaria, sin embargo y al igual que Mario Ruales, concuerda con la idea de un debilitamiento de la institucionalidad en la materia.
Otro problema que señala el experto es el manejo institucional de las cuencas hidrográficas, que están sobre las divisiones territoriales o cantonales. Actualmente, según Pazmiño, existirían unas 23 mil juntas de agua potable, entidades con la capacidad de administrar el recurso a nivel nacional.
