El gobierno nacional analiza la posibilidad de concesionar la Refinería de Esmeraldas. Foto Fickr Ministerio de Recursos No Renovables.

Quito, 18 sep (La Calle).- El Gobierno de Lenín Moreno llama “concesión” al acto de privatizar por 25 años la Refinería de Esmeraldas. Formalmente, el próximo 22 de septiembre arrancará la convocatoria para poner uno de los activos más grandes del Estado en manos privadas.

En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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