Quito, 12 abr (La Calle).- El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, presentó su renuncia irrevocable el pasado 5 de abril del 2023. El funcionario abandona el cargo tras su evidente incapacidad para administrar el orden que aqueja al Ecuador golpeado por olas de atentados y violencia.
Según información comprobada por Ecuavisa, el presidente Guillermo Lasso habría solicitado que la renuncia de Ordóñez se efectúe el 17 de abril debido a la agenda que tenían que despachar en los últimos días.
El exfuncionario asumió la Secretaría de Seguridad el 2 de agosto de 2022, luego de ser Consejero del Gobierno Lasso.
Su paso por la política
Ordóñez, abogado de profesión, fue asambleísta de CREO por la provincia de Pichincha desde mayo de 2021. En su rol registró 145 asistencias y 12 ausencias (según el Observatorio Legislativo). Además fue integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. En 10 meses nunca presentó un proyecto de ley.
No obstante, su nombre se puede asociar a varios comentarios misóginos realizados durante su gestión. Acciones cuestionadas por sus pares asambleístas y varias organizaciones de la sociedad civil.
Además, El pasado 4 de febrero, Ordóñez abandonó el cargo de asambleísta pues consideró que el Pleno “ha diluido en enfrentamientos, consignas, dogmas, y lugares comunes, pensando en el propósito electoral más que en las soluciones reales”. Días después confirmó que el presidente Guillermo Lasso le pidió ser su consejero.
Lasso creó, el 2 de agosto, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado para que sea liderada por Ordóñez.
Se salvó de un juicio político
El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe dispuso archivar el juicio político en la Asamblea Nacional contra el exsecretario de Seguridad el 6 de abril. Según el magistrado, el juicio no contaba con los requisitos necesarios.
Ordóñez informó esta resolución a través de su cuenta de Twitter. El funcionario señaló que la acusación en su contra tiene acusaciones imprecisas y no cuenta con las firmas suficientes. Agregó que el Tribunal le concedió una acción de protección por “violación a sus derechos constitucionales”. (N.J.C)
