Quito, 03 nov (La Calle).- Según datos de la fundación internacional World Vision, en Ecuador el 26% de las familias no puede costear sus gastos de alimentación. Por lo que muchas de ellas deben acudir a las ollas comunitarias que realizan organizaciones sociales como Luna Roja, La Unión o la Pobla.
“Nos organizamos porque vimos cómo crecía la necesidad y los víveres que debía entregar el gobierno no llegaban. Hay mucha gente aquí que solo come una vez al día porque no le alcanza para más”, le dijo Carla Espín, miembro de Luna Roja a diario Expreso. Luna Roja realiza ollas comunitarias en el sector de Guamaní al sur de Quito.
“Trabajo con fundaciones desde los 18 años y es la primera vez desde el feriado bancario que hay que hacer ollas populares porque la necesidad es tanta que nada la cubre”, explica Juan Marín, otro de los voluntarios.
La ayuda también llegó al sector de Carapungo, norte de Quito, donde el colectivo La Pobla ha realizado doce ollas populares, y ferias de trueque. La situación se torna difícil para las familias con niños y adolescentes.
Pobreza extrema
Una persona en extrema pobreza no llega a ganar USD 47 mensuales. EN esta situación ya se encontraban dos millones de personas antes de la pandemia de Covid-19. Según un informe de la UNICEF, hasta diciembre 1.8 millones entrarán en este rubro.
El Banco de Alimentos que impulsa la Universidad Politécnica Nacional tuvo que cerrar una de las bodegas debido a la gran cantidad de personas que se apostaban en busca de comida. “Nos hemos habituado tanto a ver el hambre que hasta nos parece normal. Ecuador produce suficiente comida para asistir a toda su población, lo que falta es una distribución equitativa. Se desperdician 100 toneladas de comida diaria que podrían alimentar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad”, indicó José Luis Guevara, director de la institución.
Privatización para la ayuda
El gobierno entregó canastas alimenticias y maneja programas como “Círculo de hambre cero”. Sin embargo, no han presentado políticas públicas para que la población en extrema pobreza salga. Para la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, hacen falta nexos con la empresa privada.
“El impacto del coronavirus en la estructura social y económica coloca al país en mayor riesgo de inseguridad alimentaria (…) se buscarán alianzas con organizaciones y empresas que puedan “apadrinar” espacios como comedores populares”, dijo.
