Quito, 30 mar (La Calle).- El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, aseguró que el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso «está caído». Según el asambleísta, el documento no reúne todas las pruebas acusatorias.
Para Villavicencio, que Lasso active la muerte cruzada es una buena alternativa. Aunque el 78,5 % de los ecuatorianos no creen en la palabra del presidente, el legislador le sugiere que se postule nuevamente.
Además, recalcó que en el momento en que la Corte Constitucional (CC) aprobó solo la causal de peculado, desestimó el informe que entregaron los proponentes del juicio.
«Nosotros estamos en todo el derecho de exigir las pruebas del presunto peculado por el que se acusó al mandatario. Este es un delito que debe ser comprobado y vamos a pedir todo lo que necesite», dijo en Teleamazonas.
Otro proceso en la Comisión de Fiscalización
El asambleísta indicó que luego de que el dictamen de la Corte se presente, el mesa legislativa tendrán 10 días para recibir las pruebas de cargo y descargo. Después en 10 días más evaluarán las pruebas y, finalmente, en otro lapso del mismo tiempo, emitirán un «informe motivado» que detallará si recomiendan o no el juicio político.
Villavicencio precisó que el comité no validará audios filtrados en redes sociales o publicados por un medio de comunicación. Enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la única que debió validar las pruebas contra el jefe de Estado.
«Así vamos a comprobar la validez de las pruebas de cargo presentadas por los acusantes y las de descarga proporcionadas por el Presidente de la República», refirió.
¿Puede la Comisión archivar el caso?
Según el parlamentario, si la idea de no avanzar con el juico político obtiene cinco votos en la mesa, el proceso se archivaría. Sin embargo, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica que:
«Una vez que las pruebas de cargo y descargo se hayan presentado la comisión deberá presentar un informe al presidente de la Asamblea Nacional el informe que detalle las razones de su recomendación».
De no aprobarse el documento, Villavicencio tendría dos días para remitir las actas de los votantes y un informe que detalle sus posiciones al presidente del Parlamento. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios la decisión queda en manos del Legislativo y no del representante de la Comisión. (N.J.C)
