Quito, 25 oct (La Calle).- La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denuncia el intento de obstaculizar, desde el Estado, el derecho a la movilización, resistencia y protesta social, que fue anunciado públicamente por la CONAIE y otras organizaciones sociales.
La jornada de movilizaciones se desarrollará en rechazo a las políticas y medidas estatales lesivas y regresivas, en materia social, económica y ambiental, adoptadas por el Gobierno de Guillermo Lasso.
Entre las acciones de obstaculización está el llamado a “ampliar la versión libre» del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, por el proceso en su contra, por el paro nacional de octubre del 2019. La declaración de Iza fue fijada para el 26 de octubre a las 11h30.
A través de su cuenta de Twitter, Iza indicó que ha comparecido durante 2 años, impulsado por la búsqueda de la verdad y justicia. «Ahora por evidentes presiones políticas nos llaman el 26 de octubre. Señor Guillermo Lasso, aquí estamos. No hemos evadido los llamados como usted sí está haciendo con los Pandora Papers», escribió.
En la convocatoria, advierten a Iza que en caso de no asistir, podrán obligarlo a comparecer por intermedio de la fuerza pública.
Para la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, «fijar intempestivamente una ampliación con la misma fecha de las manifestaciones anunciadas; y con prevenciones de ley, es una acción que desde la Fiscalía se orienta a impedir que el presidente de la CONAIE participe de la movilización y a obstaculizar injustificadamente el ejercicio de este derecho”.
De igual forma, el organismo señala que amenazar con el uso de fuerza pública, ante un señalamiento apresurado de ampliación de versión, supone una instrumentalización de la Fiscalía.
“Utilizada justamente para intentar intimidar y obstaculizar el legítimo derecho a la protesta que ha sido convocado y es de conocimiento público, y por lo tanto como una nueva forma de obstaculizar la labor que desempeñan las personas defensoras en una sociedad democrática”, enfatiza el texto.
Los defensores de Derechos Humanos, piden a la Fiscalía General del Estado aplicar sus propios estándares internos, respecto a la protesta social. Así como abstenerse de obstaculizar el ejercicio de un derecho constitucional.
“Recordamos su obligación, en el marco de un estado democrático y constitucional, de abstenerse de usar el derecho penal para intimidar, perseguir o criminalizar a las personas, defensores o defensoras y líderes o lideresas, que ejerzan estos derechos”, reiteran.
Además, hacen un llamado a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de inconstitucionalidad del Decreto 224, que no cumple con los parámetros de constitucionalidad y pone en riesgo el ejercicio de derechos.
