Por: Juan Carlos Cabezas
Quito, 02 abr (La Calle).- En esta entrevista el Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo, explica por qué presentó una medida cautelar por la suspensión de vuelos humanitarios al país. Además, explica su posición frente al manejo estatal de la emergencia sanitaria, su accionar en el “Caso Mascarillas” y los despidos de trabajadores.
¿El hecho de que miles de ecuatorianos no puedan retornar al país es una evidente vulneración a los Derechos Humanos?
Es una fragante vulneración. Por esa razón presenté una medida cautelar a la Justicia por la suspensión de los vuelos humanitarios al país. Se afectan los derechos de niños, estudiantes y de personas que salieron a vacacionar. Esos ecuatorianos viven una situación dramática: no tienen dinero y carecen de protección del Estado. El Estado de Excepción no suspende su retorno que debe estar sujeto a protocolos y controles sanitarios. Pero eso no ocurre, cuando llegaban se los aislaba sin “pruebas”, en un hotel de 60 u 80 dólares diarios cuyo pago dependía de los viajeros. No es lógico: los “no contagiados” deberían guardar aislamiento en sus casas como medida de prevención y los que no, a un hotel o centro de acogida a guardar la cuarentena. Pero como dije sin “pruebas” eso no se podía determinar. También solicitamos que los hoteles se declaren de “servicio público” mientras dure el Decreto de Excepción.
¿Cree que la ha faltado sensibilidad al Gobierno en esta emergencia?
Estamos “traumados” con lo que está pasando en Guayaquil y el temor nos inunda. Allí es cuando necesitamos tener una información clara, que nos permita conocer la realidad y por supuesto, un servicio de salud que nos garantice una asistencia adecuada. Sin embargo, el Estado Ecuatoriano está sobrepasado por la emergencia: dice una cosa un día; al siguiente, otra cosa con diferente vocero. Está claro que ningún Estado recibió al virus en una posición óptima, pero, la verdad, al Gobierno se lo ve desbordado. Se perdió tiempo. Por decirle algo, el 29 de febrero, cuando se dio lo del “paciente chino que se demoraron 10 días en dar una respuesta”, solicitamos a través de medios públicos, que se declare el Estado de Excepción, pero nada, el silencio fue la respuesta.
¿El vacío de poder se manifiesta en la escasa visibilidad del presidente Moreno?
Sí, pero es mucho más grave lo que dice cuando aparece. Hoy (jueves) pidió que se transparente toda la información ¿qué quiere decir?, ¿nos han estado mintiendo u ocultando datos? La transparencia no es un favor: es una obligación de todos los funcionarios. Esa es la falta de sensibilidad. Los voceros muestran un “temor peligroso” frente a una situación, mientras se abren nuevos frentes. ¿Cómo en esta circunstancia pagamos la deuda con la excusa de no perder el acceso a nuevos créditos? Faltan recursos, no hay plata para pagar a los médicos, para recoger los cadáveres, pero pagamos a los acreedores. Para colmo, algunos funcionarios públicos entregan fundas con alimentos con propaganda del presidente de la República: eso es campaña. Carecen de sentido común, nos decepcionan.
El presidente del Consejo Directivo del IESS se defiende en el “Caso Mascarillas”, argumentando que no se firmó el contrato, ¿qué le parece ese criterio?
Usted puede cometer un delito perfecto y no ser descubierto, ¿verdad? Este no fue el caso. Existe una clara tentativa de cometimiento de un delito. No haber adjudicado el contrato no significa que no haya “corrupción”. Otra cosa hubiera sido si el mismo IESS hubiera actuado y solicitado una investigación. Es inadmisible que el delegado del Ejecutivo al Consejo Directivo no conociera de una contratación de 10 millones de dólares. Además, el 5 de marzo pasado se hizo otro proceso para contratar publicidad, allí hay otro ejemplo de malversación de fondos.
¿Cuál será su acción en los despidos que han sufrido varios ciudadanos de empresas privadas durante la emergencia?
Me han llegado innumerables denuncias por despidos tanto de floricultoras como trabajadores de la empresa Confiteca. Esos despidos intempestivos pueden generar acciones de responsabilidad civil, ya que vulneran el Estado de Excepción. Solo se puede despedir si las empresas no puedan continuar con sus actividades. Los afectados deben recibir sus indemnizaciones en totalidad. No se puede lanzar a la gente a la calle.
