Quito, 23 mar (La Calle).- El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, pidió a la Fiscalía ingresar al programa de protección a testigos ya que recibió amenazas contra su integridad física y la de su familia.
El pedido aparece en la denuncia del funcionario contra el presidente Lenín Moreno, la exministra María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín por delitos de lesa humanidad.
“Esta denuncia que, en estos momentos, voy a entregar está en contra del presidente de la República, de la exministra de Gobierno y del actual ministro de Defensa. Se debe determinar su responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad.”, dijo Carrión antes de entregar la denuncia.
En esta denuncia, además de la investigación previa, se solicitan medidas cautelares como la prohibición de la salida del país de los implicados. El pedido, a juicio de Carrión, se debe a la transición del gobierno el próximo 24 de mayo.
Entre los funcionarios investigados están: el exjefe del Comandante de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, exjefe de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo y el excomandante de la Policía Metropolitana de Quito, Víctor Arauz.
Pronunciamiento del Gobierno
El Ministerio de Gobierno entregó un pronunciamiento público acerca del Informe de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la cartera de Estado, “el informe lo elaboró una comisión extrajudicial. Dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la mencionada comisión”. Según este razonamiento, el informe no debe tomarse como verdad absoluta.
Agrega que no se tomaron en cuenta hechos como “los secuestros a periodistas, policías y militares, vejaciones a mujeres policías que permanecieron secuestradas y a quienes amenazaron con la violación (…); el incendio de la Contraloría General del Estado, el incendio de Teleamazonas o el ataque de manifestantes a ambulancias”.
