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Defensoría del Pueblo pide la investigación del presidente Moreno por delitos de lesa humanidad

Quito, 23 mar (La Calle).- El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, interpuso una denuncia en la Fiscalía General Del Estado contra el presidente de la República, Lenín Moreno; la exministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín por presunto delito de lesa humanidad en el Paro de octubre del 2019.

“No va a ser posible ningún proceso de reconciliación nacional sino se garantiza la justicia y reparación a las víctimas. Esta denuncia que en estos momentos voy a entregar está en contra del presidente de la República, de la exministra de Gobierno y del actual ministro de Defensa. Se debe determinar su responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad. También de un ataque contra la población civil por medio de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho a la vida, la integridad personal”, dijo Carrión a la entrada del edificio de Fiscalía.

Delito de Lesa Humanidad

De acuerdo con el defensor, la determinación del delito de lesa humanidad apareció cuando se entregó el Informe de la Comisión Especial por la Verdad y la Justicia. “La verdad a través de ese informe debe conocerla el país porque aparecen datos, testimonios que permiten determinar lo que sucedió en el mes de octubre de 2019”, agregó.

En esta denuncia, además de la investigación previa, se piden medidas cautelares como la prohibición de la salida del país de los implicados. El pedido, a juicio de Carrión, se debe a la transición del gobierno el próximo 24 de mayo.

 “El uso de la fuerza dejó seis víctimas mortales, 14 personas que perdieron uno de sus ojos y dos atentados contra la vida, la integridad física y sexual. Por eso tendrá que responder el presidente de la República”, precisó.

Pronunciamiento del Gobierno

El Ministerio de Gobierno entregó un pronunciamiento público acerca del Informe de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la cartera de Estado, “el informe lo elaboró una comisión extrajudicial, en la que dos de sus integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la mencionada  comisión”. Según este razonamiento, el informe no debe tomarse como verdad absoluta.

Agrega que no se tomaron en cuenta hechos como “los  secuestros  a  periodistas, policías  y  militares,  vejaciones  a  mujeres  policías  que  permanecieron  secuestradas  y a quienes amenazaron con la violación […; el incendio  de  la  Contraloría  General  del  Estado,  el  incendio  de Teleamazonas o el  ataque  de  manifestantes  a  ambulancias”.

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