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Consejo de Administración Legislativa calificó denuncia contra Yeseña Guamaní

Quito, 26 may (La Calle). –  El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta del Legislativo y también asambleísta de Izquierda Democrática (ID) Yeseña Guamaní.

El CAL, con cuatro votos afirmativos, resolvió calificar a trámite la denuncia en contra de Guamaní por supuesto incumplimiento de funciones.

La sesión del CAL se instaló a tarde de este jueves 26 de mayo de 2022. El primer punto del orden del día contempló el “conocer y resolver la solicitud de denuncias (…) presentados por legisladores”.

La denuncia fue presentada por la asambleísta de la bancada legislativa UNES, Jhajaira Urresta. Según UNES, se presume que Guamaní incumplió sus funciones al interferir en las competencias de la Asamblea Nacional al tratar de impedir que se derogue la ley de impuestos del Gobierno al mocionar una consulta a la Corte Constitucional.  

Guamaní, por su parte, dijo, durante la sesión, que la denuncia carece de motivación y que la denuncian meramente por mocionar la consulta a la Corte. Y que “quienes hoy pretenden, de manera ilegal, iniciar un proceso en mi contra es una vergüenza”.

En las declaraciones posteriores a la calificación, Guamaní dijo que el “mocionar no es un incumplimiento (de funciones), es un derecho que nos faculta (a los legisladores); y me ampara el art. 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”.

Igualmente, la legisladora dijo que acudirá a instancias judiciales tanto nacionales como internacionales. Y que hay una persecución política en su contra por no adherirse a la nueva mayoría existente en el Legislativo.

Denuncia contra Saquicela

Asimismo, el Consejo de Administración Legislativa también calificó la denuncia interpuesta por el legislador Eitel Zambrano de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) por supuesto incumplimiento de funciones contra el asambleísta y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. No obstante, con 3 votos a favor, la denuncia quedó en un “limbo legal”.