Quito, 27 mar (La Calle).- La comunidad Waorani de Dicaro expresó rechazo al presidente Guillermo Lasso, por no resguardar la vida del pueblo indígena. También rechazó los intentos de militarización ante las protestas pacificas que iniciaron hace 3 años, pero se retomaron el 19 de marzo del 2023.
Las protestas iniciaron por la vulneración de derechos humanos hacia la comunidad. Así lo expresó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), mediante una rueda de prensa, transmitida el 27 de marzo.
¿Quiénes son los Waorani de Dicaro y porqué se están vulnerando sus derechos?
La comunidad Waorani de Dicaro, es una de las comunidades más grandes del pueblo waorani. Está ubicada en la región Yasuní, en la parroquia Cononaco, en la provincia de Orellana. Esta comunidad asegura que como pueblo han sufrido años de explotación petrolera sin previo aviso, ni consultas populares.
Desde 1985 inició la explotación petrolera en el territorio ancestral que le pertenece a la comunidad. Desde entonces, las tierras de la comunidad se ven afectadas continuamente por parte de empresas como Repsol, Maxus, entre otras.
Esto quiere decir que la comunidad Waorani de Dicaro ha sufrido 38 años de explotación petrolera en su territorio. Esta explotación petrolera se hizo sin previo aviso y sin realizarse una consulta popular como es debido.
Según un informe hecho por la Alianza de Derechos Humanos Ecuador, se escribe que tampoco se evaluó el potencial de contaminación que tenía la actividad petrolera. Esta contaminación va hacia los sedimentos y aguas subterráneas de las que se beneficia la comunidad.
En dicho informe, se relata que tampoco se evaluó el impacto que se tendría por la contaminación de sales, metales pesados y particularmente hidrocarburos tóxicos. Mismos materiales que generen cáncer u otras enfermedades terminales a quienes los consumen.
Es por eso que la comunidad informa, por los medios que puede, que «desde 1985, que inició la labor petrolera, no han tenido un solo día de calma». Pues han sufrido esta explotación las 24 horas del día por parte de las empresas ya mencionadas.
La comunidad asegura que, ninguna de las empresas, ni el Estado ecuatoriano ha respetado el derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada y menos su derecho al consentimiento.
Ni el Estado, ni las empresas, han satisfecho necesidades básicas relacionadas con la garantía de vida digna
Una vez que la comunidad se dio cuenta del impacto de la actividad petrolera en la zona, se empezaron a dar movilizaciones y protestas. Fue así que el 25 de diciembre del 2022 la comunidad Waorani de Dicaro, inició una protesta pacífica.
Junto con esa protesta, la comunidad presentó una propuesta de necesidades básicas insatisfechas al gobierno. En dicha propuesta la comunidad le pedía directamente al gobierno una mejora en aspectos como: salud, educación, organización, infraetructura, proyectos ambientales y de derechos humanos entre otras cosas.
Al no recibir una respuesta concreta por parte del gobierno, es que la comunidad anuncia el 19 de marzo del 2023 la retoma de las protestas. En contraparte, el estado ha respondido con una amenaza de al intento de militarización ante las protestas.
Es por eso que la CONAIE rechazó esta vulneración a los derechos humanos de la comunidad y la forma en la que el Estado quiere callar las protestas de los Waorani.
38 años de contaminación ambiental y vulneración de Derechos y el Estado no ha hecho nada
En el boletín de prensa que presentó la CONAIE, el 27 de marzo se reitera que los Waorani de Dicaro viven desde hace 38 años las consecuencias de la explotación petrolera en su territorio. Y, al mismo tiempo, el abandono del Estado. Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado a la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
En la que se formó una misión de verificación de derechos humanos y constató la situación de violación de derechos humanos en la que se encuentra la comunidad. La misión de verificación ocurrió en febrero de este año, durante el paro de 51 días, iniciado en diciembre de 2022.
La comunidad sigue exigiendo los recursos básicos para tener una vida digna y se mantiene en píe de lucha, ante las vulneraciones por parte del Estado y las empresas petroleras. Ya que aseguran que las empresas «llegaron sin avisar».
MJ
