Quito, 16 oct (La Calle). – La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La medida se aprobó con 10 votos afirmativos.
El pedido de juicio político contra la funcionaria lo hicieron los asambleístas María de Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. Entre las motivaciones para presentarlo están el incumplimiento de funciones al transgredir el artículo 97 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad.
La medida establece el derecho de los agentes del orden a tener instrumentos de trabajo en perfectas condiciones. María Paula Romo admitió que la Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas caducadas. Acción que pone en riesgo la integridad de las personas.
Además, la funcionaria convocó de manera tardía el Protocolo de Protección de Periodistas y reconoció que los agentes policiales atacaron las zonas de paz en el Paro Nacional de octubre pasado.
El asambleísta Roberto Gómez indicó que el presidente de la Asamblea no envió a la Comisión otras causales para el juicio que los interpelantes agregaron después. «Consideramos que el expediente está incompleto, en vista de que el presidente no adjuntó el otro oficio».
La legisladora María de Lourdes Cuesta indicó que la causal de incumplimiento de funciones es la misma. Sin embargo, hay otros hechos que aumentan las razones en esta causal.
Proceso
La Comisión notificará a la funcionaria sobre el inicio del juicio político, acompañando la solicitud y la documentación de sustento, En el plazo de 15 días, María Paula Romo ejercerá su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presentará las pruebas de descargo.
De igual forma, notificará a los interpelantes para que presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. El organismo parlamentario, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio.
El pasado 13 de octubre, el presidente del Legislativo, César Litardo envió la solicitud del juicio político contra la titular del Ministerio de Gobierno. La solicitud se envió un mes después de aprobarse en el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL).
