Quito, 25 abr (La Calle). – Colectivos sociales presentaron una demanda ante la Corte Constitucional por las desvinculaciones masivas de servidores públicos ordenada por el Ministerio de Finanzas.
La demanda se realiza por una circular emitida por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, el pasado 16 de abril, en la que anuncia que los funcionarios con nombramientos provisionales y de servicios provisionales hasta marzo de 2020 serán removidos de sus puestos.
El documento indica que la decisión «vulnera el principio de independencia de funciones, el sistema de competencias constitucional, el principio de legalidad, el derecho la seguridad jurídica y la motivación».
Además, resaltan que no hay una razón que justifique la decisión y que esas acciones debe asumirlas el presidente de la República y no un viceministro.
Según el comunicado, las consecuencias de esta decisión son más graves porque se toman en plena emergencia sanitaria por el Covid-19. «Miles de funcionarios públicos que en el momento de la pandemia se verán desesperados por salir a conseguir medios de alimentación y subsistencia para ellos y sus familias».
Alrededor de 75.000 funcionarios tienen contratos ocasionales y 70.000 poseen nombramientos provisionales en el país.
