Quito, 14 sep (La Calle).- Algunas representaciones estudiantiles, trabajadores del sector público y organizaciones sociales se dieron cita la mañana de este 14 de septiembre para protestar contra las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno, entre ellas, la disminución en el presupuesto del sector de la educación.
Los participantes se reunieron en varios lugares del centro-norte de Quito y se movilizaron por la avenida 10 de Agosto con el objetivo de llegar a la Casa Presidencial ubicada en el Centro Histórico de la Capital y mostrar su descontento. Sin embargo, días atrás el Gobierno ya había cercado los accesos para llegar a Carondelet y hoy junto con la presencia policial bloqueó su entrada. La marcha fue desviada por las fuerzas del orden hacia el Sector de la Marín. Allí, finalizó la concentración con un breve enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.
La movilización se dio en el marco de un nuevo recorte presupuestario de USD 98millones a la Educación Superior Pública. Esto tras la decisión de la Corte Constitucional. Según el fallo, la Corte habría emitido una sentencia en la que consta la revocatoria de las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo, que impedía al Ministerio de Finanzas a reducir el presupuesto de las universidades.
Resolución de la Corte Constitucional
Según la Corte Constitucional el Ministerio de Economía y Finanzas actúa dentro de sus competencias en torno al sector de la educación. “La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional. Además, recalcó que las denuncias acumuladas contra el Ministerio de Finanzas sobre los recortes presupuestarios a las universidades públicas para que estos valores se restituyan, son materialmente irrealizables.
“Consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. (…) Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional, sino una medida del régimen constitucional y legal ordinario”, dice la Corte Constitucional.
Los estudiantes advirtieron que el fallo de la Corte Constitucional pone en riesgo la educación. Son aproximadamente 300.000 jóvenes universitarios del país y la operatividad de las carreras de Medicina y Artes en la Universidad Central los principales afectados. La denuncia estudiantil se suma a los pendientes que tiene el Gobierno con la ciudadanía. Se sabe que el sector de la salud y en general el sector público tiene sueldos atrasados. Esto pese a que la Defensoría del Pueblo exigió por la vía legal cumplir con este compromiso por tratarse de un sector prioritario. Las personas que ocupan estos puestos en su mayoría son cabezas de hogar. Entre las deudas se suma las que arrastran con las diferentes municipalidades, donde las obras para el mejoramiento están paralizadas. (AB)
