Samanta Calderón, redactora
Quito 27 feb (La Calle). – El pasado 25 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos humanos solicitó a Ecuador información sobre la situación de las personas privadas de libertad, estableciendo un plazo de cinco días.
En la carta se menciona la colaboración del Centro de Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La misma que solicita la aplicación de medidas cautelares a las PPL que se encuentran en situaciones de riesgo.
Esta acción se presentó después de los amotinamientos que se vivieron en tres cárceles ecuatorianas el pasado 23 de febrero.
El documento se respalda en el art.25(5) del reglamento de la CIDH, en el se menciona:
1.- Observación de las medidas cautelares
2.- Información sobre la situación actual de las PPL de los centros carcelarios que sufrieron el amotinamiento.
3.- Información sobre el control del Estado dichos centros y las acciones para prevenir sus repeticiones.
4.- Información adicional que sea necesaria en el tema requerido.
Los Organismos de derechos han tomado esta medida debido a la falta de pronunciamiento del Estado. No se conoce hasta el momento la situación de los reos, ni las medidas que tomaría el Gobierno para evitar la recurrencia de estos hechos.
Sin embargo el mismo día de su emisión se generó un nuevo amotinamiento en la cárcel de Guayaquil. En la semana se ha presentado 5 amotinamientos en las ciudades: Cuenca, Cotopaxi y Guayaquil.
Situación carcelaria
Efrén Guerrero abogado de INREDH explica, ‘Se han presentado cinco motines a causa de una disputa de poder territorial y liderazgo en los centros penitenciarios’.
‘Tenemos una situación que evidencia un sistema carcelario que no cumple con los estándares internacionales. Se conoce que por cada 27 reos hay un guía pero lo que se recomiendo es la disposición de un guía por cada 9 reos existentes en los centros’.
El abogado añade que estos hechos evidencian la crisis en el sistema carcelario que vive el país, en el cual no se presenta garantía de una política carcelaria funcional, ni una política de rehabilitación social.
Posibles alternativas
El Estado debe buscar un estado de paz entre las bandas de crimen, es decir establecer como ente regulador en un dialogo de ambos lados. A demás de un cambio de seguridad y control en centros de reclusión y finalmente investigar los hechos sucedidos, incluso las responsabilidades de las autoridades a cargo.
