Quito, 09 abr (La Calle).– La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, en entrevista con Antena Uno Radiovideo, afirmó que cuentan con luz verde para realizar el censo penitenciario.
«Como Presidenta del Directorio del Organismo Técnico del SNRS conseguimos el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el censo penitenciario con el que se busca conocer los datos reales de la población penitenciaria», publicó Ordóñez a través de su cuenta de Twitter.
La secretaria Ordóñez dijo que recogieron recomendaciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para «mejorar el sistema penitenciario». También precisó que trabajan conjuntamente con Criminalística, el Registro Civil y con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para la obtención de datos de los reos.
A ello sumó que consiguieron financiamiento no reembolsable de cerca de USD 200 mil a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo este censo y «conocer los datos reales de la población penitenciaria».
Política pública para los PPL
Mencionó que desde octubre del año pasado, la Secretaría de DD.HH. trazó una hoja de ruta, presentó y aprobó la «Primera Política Pública de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos». Se contaría con un presupuesto de USD 27 millones que da luz verde a este censo penitenciario.
Ordóñez detalló que el presupuesto se dividió en 12 ejes, enfocándose en salud, educación y trabajo. Además se destinará una parte para fortalecer al SNAI. La funcionaria indicó que «investigarán» los recientes hechos violentos y que apoyarán a familiares de víctimas de la crisis carcelaria nacional actual.
Detalló que en el último amotinamiento en la cárcel de Turi, en Azuay, atendieron a 200 familiares de personas privadas de libertad (PPL). Según la secretaria, contaron con el apoyo del sector privado y la alcaldía de Cuenca para gestionar entierros y otros servicios respectivos. Dijo que dispondrán al Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil y la Fiscalía General del Estado en un solo flujo que facilite la atención de familiares y allegados de los ppls.
El problema penitenciario de hace más de 4 años
En 2018 fue eliminado el Ministerio de Justicia, ente que estaba a cargo del sistema penitenciario, y desde su descuido, negligencia y corrupción hasta la actualidad, se dispararon los hechos violentos en las cárceles del país. Ordóñez mencionó que el Gobierno de Guillermo Lasso recién incorporó a este organismo en octubre del año pasado. Cuando nosotros asumimos no existía esta política pública», añadió la funcionaria, refiriéndose a una resolución de la Corte Constitucional que exigió al Gobierno.
Desde ese entonces trabajan para mejorar el sistema carcelario con los factores ya mencionados. Añadió que realizan monitoreo a la situación desde diciembre de 2021 para ajustar la metodología del censo penitenciario y otras resoluciones. Desde noviembre del año pasado «se percataron de la urgencia de realizar este censo penitenciario», expresó ordóñez.
Censo penitenciario y otras reformas
Por ello, dijo que se han reunido con las respectivas comisiones observadoras (como la de pacificación) que evalúan la crisis carcelaria nacional. Expresó que tienen en cuenta las problemáticas de la violencia al interior de los recintos y la tasa de más del 14% de hacinamiento según cifras oficiales. Y es por esto que, el presidente Lasso emitió el decreto 355 que dispone beneficios penitenciarios a 330 PPL sentenciados por delitos menores. Esta cifra podría aumentar.
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Entre los datos a recolectar está la condición de salud de los reos y la identificación oportuna de cada una de estas personas. También precisó que trabajan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Organización de Naciones Unidas (ONU) para diseñar la infraestructura del sistema penitenciario.
Añadió que recibieron informes de que los centros de rehabilitación social ‘son muy grandes’. Aclaró que las recomendaciones como la de la CIDH son de establecer lugares con aforos de máximo 500 personas. Así, la administración y control de estos recintos serían más eficientes de acuerdo a este informe.
Ordóñez rescató que trabajan en reestructurar los centros de privación de libertad como primer paso para poner en marcha esta recomendación.
Otras acciones que toman son los indultos a delitos menores y disposición de detención domiciliaria a quienes hayan cumplido entre el 40% y el 60% de su pena respectiva. La funcionaria mencionó que su objetivo es reducir los índices de violencia en el contexto penitenciario a través de implementar nuevas y distintas medidas administrativas del Gobierno.
