Quito, 03 ene (La Calle). – En conversación con este medio, el abogado Eduardo Franco Loor asegura que el Caso Sobornos es una forma de “inhabilitar políticamente a Rafael Correa Delgado de forma injusta e ilegal”.
“Este proceso es un juicio mediático que tiene como objetivo la persecución política”, dice Franco Loor. “En el caso específico de Jorge Glas y Rafael Correa no hay pruebas que los incriminen”. Sobre el cheque de USD 6000 donde figura el nombre del expresidente, el jurista explica que “es parte del préstamo del fondo de solidaridad que se le hizo al ex mandatario”.
Entre los posibles escenarios que el abogado vislumbra en la fiscalización de esa audiencia está: el llamamiento a juicio a unos implicados o sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de pruebas) de la causa. Todo esto depende de la decisión de la jueza Daniela Camacho.
“Hasta el 15 de febrero de 2018 no se contemplaba la responsabilidad legal de las empresas, sino en la figura de las personas jurídicas, las cuales “no cometieron fraude u otro tipo de ilícito”, explicó Franco Loor.
La reinstalación de la audiencia por este caso es este viernes 3 de enero a las nueve de la mañana, informó así la Fiscalía General del Estado.
El caso Sobornos 2012-2016, anteriormente llamado “Arroz verde”, investiga una supuesta participación económica de empresas para la campaña presidencial de 2017. Además del expresidente Correa, los implicados en el caso son el exvicepresidente Jorge Glas, y los colaboradores de exmandatario, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, María Duarte y Christian Viteri.