Quito, 12 de agosto, (La Calle).- La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero es miembro de los asambleístas que investigan la «venta de cargos» en el Gobierno, mejor conocido como caso Danubio. Sin embargo, uno de los presuntos involucrados es socio de su esposo, el secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
El caso Danubio llegó a la Comisión presidida por Fernando Villavicencio. Las autoridades investigan el presunto delito de tráfico de influencias en sectores claves del Estado, como la Aduana. Los involucrados mencionan a varios funcionarios y exfuncionarios de Gobierno.
Gottifredi Pozo, la firma involucrada
Fiscalización encontró algunos nombres de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos están Francisco Gottifredi, conocido de la directora Nacional de Aduanas, Carola Ríos, desde hace 12 años.
Según Teleamazonas ambos trabajaron en una de las empresas importadoras más grandes del país como socios directos. Ella como directora de una de las marcas del grupo y él como parte de la firma jurídica que trata los asuntos legales y aduaneros.
Gottifredi Pozo es la marca jurídica que presta los servicios. Fabián Pozo, secretario jurídico de Lasso, es el fundador y actual accionista. Esta asociación de abogados trabaja con algunas marcas, entre ellas la que fue directora Carola Ríos.
Al estar implicado el esposo de Ana Belén Cordero quién investiga el caso, expertos alertan un posible conflicto de intereses.
¿Qué dice la normativa legal?
Según el artículo 232 de la Constitución, los servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.
Además, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el artículo 162, se establece que no se debe usar el beneficio propio de parientes o de terceros, la información reservada y privilegiada a la que tengan accedo en razón de la función que desempeñan.
