Quito, 2 may (La Calle).- Un juez otorgó un plazo de ocho días para que la asambleísta Yeseña Guamaní (ID) entregue el video, sin editar, que probaría el presunto abuso sexual por el que fue sentenciando el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
El magistrado indicó que Guamaní debe detallar quién le entregó ese material, con qué fin obtuvo la información y el origen del clip.
«Debe indicar si dispone del video integral o solo la parte que fue proyectada en la Asamblea Nacional. Además, deberá indicar que documentadamente y con precisión qué es lo que obtuvo y cuándo lo obtuvo», reza la notificación.
En caso de que la legisladora incumpla esta nueva disposición, el juzgado dispondrá «medidas coercitivas» para el cumplimiento de la misma.
Participación de Guamaní
La asambleísta fue la segunda interpelante en el juicio político contra Carrión. Guamaní precisó que el exdefensor del Pueblo, incumplió el toque de queda el 16 de mayo 2021 para realizar actividades externas al cargo que ocupaba.
De la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó extractos de unos videos en los que supuestamente se demostraría la culpabilidad del exfuncionario.
«Con eso queda en evidencia que él (Carrión) usó bienes públicos para quehaceres personales», dijo Guamaní.
Otras medidas de la defensa de Carrión
El 28 de abril de 2023, una de las abogadas de Carrión, Angélica Porras mencionó que impusieron tres acciones por la actuación de los jueces y la Fiscalía General del Estado en el caso.
1.- Habeas Corpus: Porras detalló que con esto pretenden recuperar la libertad del exservidor, pues hasta el momento no han aceptado la audiencia para la sustitución de la presión preventiva.
2.- Queja en contra de los jueces Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera, por haber demorado 50 días en notificar la sentencia.
«Queremos ver si el Consejo de la Judicatura (CJ) sanciona a los jueces de la Corte Nacional de Justicia o si les permite quedarse en la impunidad», refirió Porras.
3.- Una petición, por tercera vez, a la Asamblea Nacional para que inicien el juicio político contra la fiscal General, Diana Salazar, por las inconsistencias en el caso Carrión. (N.J.C)
