Quito, 10 mar (La Calle).- Las quejas de los clientes del Banco del Pacífico no cesan y es que con el pasar de los días el servicio empeora. La largas filas y la falta de personal para solventar la atención, son los principales reclamos.
“En la agencia del Banco del Pacífico, Mall del Sol, nueve cajas y cinco cajeros atendiendo. Se pregunta al supervisor y dice que no hay más recursos. Este es el Gobierno del encuentro y han desmejorado el servicio, precisamente para poder venderlo barato”, relata el usuario Edgar Báez, que se desempeña como director de Seguridad Integral.
La nómina del Banco se redujo en un 40% y antes de terminar el 2021, el Banco del Pacífico anunció que cerraría 18 agencias, a nivel nacional, en el marco de una nueva política de optimización de recursos. El presidente Ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González, dijo que el cierre de agencias y el ajuste del gasto operacional más provisiones, le ahorrará al banco 71 millones de dólares anuales.
Considerada la segunda identidad bancaria más grande del país, con excelentes réditos para el Estado, ahora planea ser privatizada por el Gobierno de Guillermo Lasso. La excusa del Ejecutivo es financiar un plan de desnutrición infantil, pero queda la duda de si la idea principal no es eliminar la competencia para el Banco de Guayaquil.
Según el presidente Ejecutivo del banco, Roberto González, el banco tiene un valor en libros de 820 millones de dólares, que es su patrimonio y un piso para construir una valoración. Asimismo, indicó que a pesar de tener 7 mil millones de dólares en activos, un banco solo se valora por su patrimonio neto o su capacidad de generar beneficios.
«El Banco del Pacífico fue el banco más rentable hasta el 2008 y el más eficiente operacionalmente, según la Superintendencia de Bancos. Hasta el 2019 el banco creció pero en gasto operacional, en plantilla, en gastos. Creció equivocadamente en operaciones crediticias y esos errores llevaron a hacer, ahora, un ajuste por restructuración», ha dicho en reiteradas ocasiones.
Acto de incostitucionalidad
La venta del Pacífico implicaría un acto de inconstitucionalidad, pues estaría incumpliendo lo establecido en el Art. 310 de la Constitución.
“Art. 310.- El sector financiero público tiene la finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”.
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