Quito, 27 ene (La Calle). – 23 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2019, según el informe de la Asociación Silueta X.
«Esta situación es una constante en la población LGBTI», dice Cristian Paula, abogado de la Fundación Pakta, en conversación con Radio la Calle.
Agrega que a pesar de las luchas que derivaron en la despenalización de la homosexualidad como delito, aún existen prejuicios hacia los miembros de la comunidad.
De los 23 asesinatos, 15 son de personas transfemeninas, una transmasculinas, una bisexual y 5 gays. Paula explica que «el cuerpo de las personas transfemeninas tiene un doble prejuicio». Por su condición de femenino y por chocar con la idea normada de la identidad cisgénero.
Los casos terminan en la impunidad a pesar de seguir el proceso legal. «Solicitamos a la Defensoría del Pueblo un proceso de reparación a las víctimas, pero no obtuvimos respuesta», dice el abogado.
Sin embargo, no es el único problema. Hasta el momento, las torturas en los llamados «centros de deshomosexualización» no están tipificados como delitos de odio en el Código Integral Penal (COIP).
Desde el gobierno anterior se prepararon políticas públicas para la comunidad LGBTIQ +, pero todavía no se implementan. «Ni el ejecutivo ni el legislativo han estado presentes. La despenalización, el caso Satya y el matrimonio igualitario son casos que se ganaron por el proceso judicial».
Además, el trabajo de las fundaciones con la sociedad está orientado a la parte educacional, comunitaria y comunicacional. El objetivo es eliminar los prejuicios y la ignorancia acerca de las personas con una identidad de género o preferencia sexual distinta.
