Quito, 28 jul (La Calle).- Tras la resolución adoptada ayer por la Asamblea Nacional, de condenar el acuerdo con el CIADI y preparar una demanda por inconstitucionalidad, la batalla entre quienes están a favor y en contra no se hizo esperar. La actuación de la Asamblea se convirtió en un termómetro para medir las fuerzas políticas, frente al gobierno de Lasso.
El Partido Social Cristiano aseguró estar de acuerdo con que el Ecuador someta sus controversias a instancias de arbitraje internacional. En un comunicado, señala que “un país que no garantiza seguridad jurídica a la inversión extranjera, simplemente no puede esperar atraerla, pretendiendo ser juez y parte al mismo tiempo”.
También argumenta que la Corte Constitucional hizo lo correcto con su dictamen, porque el artículo 419 de la Constitución no se aplica al convenio con el CIADI. Por tanto, “no debería pasar por la Asamblea Nacional”.
Del artículo 422 asegura que, de manera expresa, dispone que no se podrán celebrar tratados en los que el Estado ceda jurisdicción soberana en controversias contractuales o de índole comercial, lo que podría afectar la constitucionalidad de los convenios que se firmen al tenor de la CIADI.
Por su lado, Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, sostuvo que la posición de su partido es “respetar la institucionalidad pública y los dictámenes de la Corte Constitucional que, en este caso, se pronunció favorablemente sobre el ingreso al CIADI, sin requerir aprobación de la Asamblea”.
Andrade subrayó que el acuerdo 419 de la Constitución si requiere aprobación legislativa. Sin embargo, ratificó que “la ID será un punto de equilibrio para evitar posturas radicales y cerrar paso a la reactivación económica con nuevas inversiones”.
Bancadas a favor
Las bancadas de UNES y Pachakutik rechazaron el retorno del país al arbitraje de inversiones. La presidenta de la Asamblea y representante de Pachakutik, Guadalupe Llori tuiteó: “con sentido de Patria, hoy hemos aprobado la resolución que rechaza el retorno al CIADI. Velaremos por la soberanía nacional y el respeto al Estado Ecuatoriano”.
Ricardo Ulcuango, proponente de la resolución, señaló que esta ha sido una bandera liderada por UNES, “en defensa de la soberanía del país y los recursos de los ecuatorianos”.
Pugna en redes
El economista Alberto Acosta Burneo, en una de sus publicaciones de Twitter, señala que es preciso que Ecuador se adhiera al CIADI porque “tenemos instituciones débiles y caudillos caprichosos que con sus rabietas irrespetan los contratos con inversionistas”
Por su parte, el abogado Ismael Quintana sostiene que, si la Asamblea rechaza decisiones gubernamentales, el presidente Lasso tiene dos opciones: “gobierna vía consulta popular, con los costos políticos y económicos que ello provoca o firma el decreto y disuelve la Legislatura”.
Desde otra visión, el abogado y defensor de los Derechos Humanos, Pablo Fajardo, felicitó la decisión de la Asamblea. “El CIADI profundiza la captura corporativa de la democracia en Ecuador”, señaló en un tuit.
Asimismo, el analista en políticas públicas, Juan Pablo Jaramillo, en su cuenta de Twitter, aseguró que cuando el Ecuador fue parte del CIADI no tuvo más inversión. “Lo que sí teníamos es un Estado sometido a una justicia supranacional, en la cual perdíamos todos los juicios. Si quieren más inversión es la justicia nacional la que debe funcionar”, enfatizó.
Postura oficial
El acuerdo de adhesión al CIADI fue ratificado a través de un Decreto Ejecutivo, firmado por el presidente Guillermo Lasso. Proceder con la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte recae directamente sobre la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.
Por su parte, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, señaló en su cuenta oficial de Twitter que “el CIADI brinda seguridad y fortalece nuestra imagen como país a nivel internacional. La decisión es de la Corte Constitucional. El regreso de Ecuador es fundamental para lograr un entorno serio que atraiga oportunidades de inversión”.
