Quito, 07 oct (La Calle). – Nuevamente, el Gobierno de Lenín Moreno deja en claro sus prioridades. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional rechazó partes del reglamento, emitido por el presidente de la República, para la Ley de Asistencia Humanitaria y convocó a Johana Pesántez, secretaria jurídica de Moreno, para que explique las inconsistencias.
Varios legisladores criticaron que Moreno y sus acompañantes «jueguen con los derechos de la ciudadanía».
“El Gobierno nos está tomando el pelo. Cómo es posible que se corten los servicios básicos de las personas, cuando en la Ley claramente decía que el plazo se extiende hasta sesenta días después de haber terminado el Estado de Excepción”, fueron las palabras del asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, durante la reunión.
Y en efecto, el artículo cinco de la Ley de Asistencia Humanitaria prohíbe a las empresas de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones cortar los servicios básicos hasta 60 días después de culminado el Estado de Excepción. Albornoz manifestó que el Gobierno ecuatoriano, en su reglamento, aplica la norma tomando como base la fecha de culminación del primero, que finalizó el 16 de junio.
El último Estado de Excepción se venció el pasado 14 de septiembre, es decir que los ciudadanos podrían gozar de su derecho a los servicios básicos hasta el 14 de noviembre de este año.
La salud también está en riesgo
Pero la tomadura de pelo por parte de Moreno no termina. La Salud nuevamente se ve afectada por el Gobierno. Homero Castanier, asambleísta de la Comisión, criticó que el reglamento de Lenín no otorgue los nombramientos definitivos a los servidores sanitarios que están en primera línea de combate contra el COVID-19, cuando la Ley de Asistencia Humanitaria obliga a hacerlo.
“El presidente de la República no vetó una coma de este artículo ( 25 de la Ley Humanitaria). Ahora, en el reglamento, restringe materias constitucionales.
Propone, además, «dar nombramientos considerando procesos técnicos y administrativos , cuando la ley claramente estipula que deben darse previos al concurso”, manifestó Castanier.
Varios miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con Castanier y demandaron acciones urgentes. El asambleísta Fernando Burbano, del partido Juntos Podemos, pidió que el Gobierno corrija todas las contradicciones que el reglamento tiene respecto a la Ley. Rubén Bustamante, asambleísta de Alianza País, fue más drástico y solicitó que se anule todo el documento del Gobierno.
Conflictos con la Presidencia de la República
La Comisión de Desarrollo Económico solicitó la comparecencia de Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, para que explique las anomalías del reglamento expedido por el Gobierno.
Pesántez habría respondido a la Comisión que: «vayan a revisar el reglamento en la página web de la Presidencia».
“Si alguien no puede venir a la Asamblea y presenta una justificación, está bien. Pero que ella conteste de esta manera… debemos hacer constar el incumplimiento de su obligación legal de acudir a la Asamblea”, manifestó Fernando Callejas, asambleísta de CREO. El legislador no descartó la posibilidad de proponer un juicio político en contra de Pesántez. (DR).
