Quito 21 de feb (La Calle).- El candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, afirmó este domingo que simpatizantes de su partido político se reúnen en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para velar por la transparencia democrática.
«Nosotros tomamos acciones en Quito y Guayaquil con presencia de nuestra militancia en el CNE para ejercer como veedores ciudadanos ante esta amenaza de injerencia en pleno proceso electoral. No permitamos que ninguna decisión modifique el calendario electoral y la segunda vuelta prevista para el 11 de abril porque atenta a la democracia», sostuvo.
Arauz manifestó su respaldo al derecho de los movimientos políticos para la apertura de las urnas. «Respetamos el derecho de participaciones políticas de presentar sus impugnaciones. Insisto en el derecho de los ecuatorianos a presentar estas solicitudes y la obligación del Consejo Nacional Electoral lo a responder a las mismas», manifestó.
El presidenciable comentó que las funciones del Estado deben estar a la altura de las circunstancias y contribuir a la democracia sin interferencia. «No son casos aislados. La Contraloría ya interfirió anteriormente cuando intentó eliminar movimientos políticos. Entre ellos el nuestro», indicó.
Interferencia en el sistema informático del CNE
Este domingo, la Fiscalía General del Estado anunció una «recolección de contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral» para realizar una «pericia informática forense». Ante este hecho, los candidatos Andrés Arauz del movimiento UNES y Guillermo Lasso de CREO denunciaron un «atentado a la democracia».
El perito Marco Aurelio Pazmiño, designado por Fiscalía para la realización del informe, conformó el grupo técnico que analizó los equipos informáticos de la Presidencia en el Caso Sobornos, mientras que la fiscal Mayra Soria llevó otras diligencias también en el mismo caso.
En el artículo 285 del Código de la democracia se inscribe que: «Serán sancionados con la destitución del cargo. La autoridad o cualquier otra servidora o servidor público extraños a la organización electoral, que interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral».