Quito, 23 mar (La Calle).- La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y la Conaie aseguran que hay interferencia por parte del gobierno de Guillermo Lasso en su búsqueda de reparación económica por los daños ocasionados por la transnacional Chevron. El colectivo demandó al Estado Ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente de la UDAPT, Donald Moncayo, afirmó que cuatro cortes y dieciséis jueces han verificado el “delito ambiental” de Chevron en la Amazonía. Según el dirigente, su lucha conlleva más de treinta años. Además, aseguró que el gobierno “se ha puesto del lado de la petrolera, como siempre se ha venido haciendo“.
La UDAPT demanda que se paguen USD 9.500 millones por los daños ocasionados, valor definido en la sentencia realizada por los jueces de la Corte Constitucional en 2018. Sin embargo, el valor adeudado no ha sido cancelado.
El colectivo apuntó al exprocurador del estado durante la presidencia de Lenin Moreno, Iñigo Salvador, quien habría remitido documentos a cortes canadienses y argentinas con el fin de que se desestimen las demandas interpuestas por los afectados.
El representante de la Unión culminó al manifestar que el gobierno de turno ha actuado igual que el anterior. Además, enfatizó que a pesar de no tener el poderío de la petrolera, tienen la verdad y seguirán en lucha. (B.T.R.)
