Quito, 9 mar (La Calle).–El doctor Enrique Farfán, recién nombrado ministro de Salud, mueve la cabeza de un lado para el otro.
Niega una, dos veces, apenas el periodista de Teleamazonas le consulta si va a hacer pública la lista de vacunados contra la COVID-19 en el Ecuador.
“De ningún modo” sostiene en el espacio informativo y, enseguida, se justifica en el hecho de que a pedido de la Fiscalía General del Estado, esa institución cuenta con ya con la información, a partir de investigaciones motivadas por un colectivo de abogados y por la Defensoría del Pueblo.
Para el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el ministro ha incurrido en una confusión. “Una cosa es el proceso investigativo desarrollado por la Fiscalía y otra es calificar a la información de confidencial». Como aclara, la confidencialidad atañe a los derechos de las personas; el listado de vacunados no forma parte de la historia clínica de ninguna persona, subraya Carrión.
Es como si el Ministerio de Salud no quisiera hacer pública la información relativa al listado de personas vacunas contra el tétanos o la viruela.
Otro tipo de intereses
“La información está sujeta a otro tipo de intereses, al parecer la negativa del ministro lo hace incurrir en el mismo error del anterior funcionario a cargo de la cartera”.
Para Carrión no sería extraño que en esa lista apareciera, «amigos de este gobierno, funcionarios públicos y otros que inclusive hayan vulnerado el plan de vacunación del Ministerio de Salud”
Esos nombres “rimbombantes” o fácilmente “identificables” podrían no aparecer en ningún listado, pues habrían asaltado el listado de vacunación estatal, un listado al parecer hecho para ser roto.
