Corte Constitucional definirá el futuro del IESS

Quito, 25 sep (La Calle).- El presidente de la República, Guillermo Lasso emitió un nuevo decreto para »regular las finanzas públicas» del país. Sin embargo, los afiliados del IESS y los docentes serían los más afectados si la Corte Constitucional (CC) aprueba la propuesta de ley.

El 5 de septiembre el mandatario envió el Decreto-Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas a la Corte Constitucional. La urgencia económica de la propuesta está justificada con la llegada del fenómeno de El Niño y la regulación del endeudamiento público.

El principal objetivo de este decreto es reducir los gastos del Estado para una mejor sostenibilidad fiscal. Uno de los planteamientos es la condonación de los intereses de la deuda que tiene el gobierno con el IESS, es decir, USD 1.042 millones.

Además, el documento plantea que el Estado contribuirá de manera obligatoria con el 33.33 % del tratamiento de las enfermedades catastróficas de los afiliados. Una reforma que iría en contra de lo que establece la Constitución de la República.

»El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente», dicta el artículo 50.

¿Afectación a la educación?

De igual manera, el decreto plantea ajustar el procedimiento de cálculo de los incrementos a realizarse en el Presupuesto General del Estado en los sectores de educación y salud. Esta reforma podría implicar una afectación a la asignación de recursos de ambas áreas.

El problema radica en los métodos, pues el Ejecutivo plantea que se calculen las nuevas asignaciones en relación al presupuesto utilizado por las carteras de Estado hasta el final del anterior año.

Actualmente, la asignación de recursos debe manejarse en torno a la variación del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el incremento del financiamiento a la educación debe ser equivalente al 6 % del PIB y en el caso de la salud al 4 %.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que en el caso de la educación se ha ejecutado apenas el 38 % del presupuesto, por lo tanto, si se aprueba el decreto tendrán una reducción considerable el siguiente año fiscal.

La voz del pueblo

La Corte Constitucional (CC) recibió alrededor de 13 oficios de los afiliados, jubilados y gremios de maestros, quienes piden la derogatoria de este decreto. Para este 26 de septiembre, la CC recogerá las observaciones de los diferentes actores sociales en una audiencia pública.

»Tengan la seguridad que los jubilados y pensionistas del Ecuador iremos hasta las últimas consecuencias», dijo Reynaldo Mendieta, representante de los jubilados. (AGM).

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