Quito, 14 may (La Calle).- Después de que la Corte Constitucional solicitara información a las entidades involucradas en el ámbito de educación a través de auto de verificación, el presidente de la República, Lenín Moreno, está en la obligación de responderle al máximo organismo de control constitucional, que puede llegar incluso a destituirlo.
“No responderle a la Corte Constitucional es una violación muy grave de la Ley. El juez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para hacer cumplir sus fallos y sus decisiones, lo que incluye la destitución del funcionario que no cumpla”, dijo Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular (AJP), en entrevista con Radio La Calle.
Según su criterio jurídico, la autoridad acusada debe enviar un informe que justifique ese incumplimiento. “Pero no solamente en el sentido de por qué no envió la información solicitada sino las razones de por qué no pudo restituir los fondos, es decir, qué ha hecho para cumplir con la restitución de los derechos vulnerados. La Corte tiene la capacidad de destituir a la autoridad que incumpla”, agregó.
La víspera el pleno de la Corte Constitucional dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como a las demás autoridades del Ejecutivo que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior.
Casi al mismo tiempo, el juez Jorge Enrique Arcos dictó medidas cautelares en contra de la decisión del Ministerio de Finanzas de recortar el presupuesto a la educación superior, lo que supone la suspensión temporal de esta decisión del gobierno de Lenín Moreno contemplada como “comprobante de modificación presupuestaria”.
